México avanza en la implementación de la agenda 2030: Diputada Marcela Guerra
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 16 de julio, 2024.- La diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados, destacó que el Poder Legislativo mexicano ha aprobado 195 decretos que abarcan todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Durante su participación en la Sesión 1: ODS 16 «Invertir en los parlamentos como instituciones clave de gobernanza» en el Foro Parlamentario del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, subrayó el compromiso de México con la Agenda 2030 desde su firma y ratificación en 2015.
Guerra Castillo explicó que el Congreso mexicano ha adoptado la Agenda 2030 como una hoja de ruta para orientar las políticas públicas a nivel nacional y local. Para garantizar su implementación, se han seguido tres acciones principales: construcción de un marco jurídico adecuado, aprobación de presupuestos sostenibles y rendición de cuentas. Estas acciones han sido respaldadas por la realización de 115 parlamentos abiertos.
Una de las estrategias eficientes ha sido la creación de un grupo de trabajo para el cumplimiento de la Agenda 2030, con un carácter plural y transversal a las 51 comisiones legislativas que dictaminan. Gracias a esta iniciativa, se han aprobado 195 decretos que abarcan todos los ODS, con especial énfasis en el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), el ODS 10 (reducción de las desigualdades) y el ODS 5 (igualdad de género).
La diputada mencionó que el 70% de las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados están alineadas con la Agenda 2030. Además, el enfoque en presupuestos sostenibles ha sido reconocido por Naciones Unidas en 2021. Actualmente, se está llevando a cabo un Parlamento Abierto de diálogo nacional sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, que también está relacionado con el ODS 16.
La reforma constitucional propuesta busca la elección directa de jueces, magistrados y ministros como un mecanismo para acercar la justicia a la gente, una reforma polémica pero necesaria para discutir. En términos de paz, justicia e instituciones sólidas, se ha legislado para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y las capacidades institucionales en materia de desaparición forzada de personas, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
