MC no convalidará Reforma que considera un fraude constitucional

Por Bruno Cortés

En un ambiente cargado de tensión, el Congreso Mexicano vivió una jornada decisiva que terminó en un gran desencuentro entre los actores políticos. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) se ha manifestado en contra de la reciente reforma al Poder Judicial, calificándola de un «fraude a la Constitución» y un «atraco a la nación». Este rechazo ha marcado una importante diferencia en la política mexicana y ha puesto en el centro del debate la forma en que se están gestionando las reformas constitucionales.

Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de la bancada de MC, no se anduvo con rodeos al referirse a la sesión en la que se discutió la reforma. Según Ortega Pacheco, la ausencia de su grupo en la sesión de declaratoria de constitucionalidad de esta reforma era una forma de protestar contra lo que consideran un acto de «velorio» y «luto en la justicia». En otras palabras, su bancada no quería participar en lo que ellos ven como una farsa legislativa que atenta contra los principios fundamentales del derecho mexicano.

Laura Ballesteros Mancilla, otra diputada de MC, explicó que su partido presentó una moción suspensiva ante la Mesa Directiva del Congreso. Esto significa que pidieron una suspensión del proceso legislativo, argumentando que la reforma fue aprobada bajo condiciones irregulares. Ballesteros Mancilla no solo cuestiona el proceso, sino que también advierte que su bancada tomará acciones legales para evitar que la reforma siga adelante.

La diputada también hizo hincapié en las irregularidades durante las sesiones de discusión, celebradas el 3 y 4 de septiembre. Aseguró que hubo graves violaciones al debido proceso, como la realización de una sesión en un gimnasio en lugar de en el recinto legislativo habitual, lo que según ella, no respetó el principio de certeza jurídica. Además, señaló que hubo manipulación y presión para aprobar la reforma, mencionando incluso que se detuvo a familiares de algunos de los opositores como una medida coercitiva.

Ballesteros Mancilla no escatimó en críticas y calificó la reforma como una especie de golpe de Estado al Poder Judicial, resaltando que el Congreso está, en su opinión, en un estado de luto por esta situación. Según ella, las acciones y decisiones tomadas en torno a esta reforma son vergonzosas y perjudiciales para el futuro del país.

Este episodio subraya la profunda división que existe en el Congreso Mexicano sobre temas clave y muestra cómo las reformas constitucionales pueden convertirse en puntos de fricción y controversia en la arena política. Mientras tanto, el futuro de esta reforma al Poder Judicial sigue siendo incierto y el debate continúa en la esfera pública y legislativa.