La noche del 24 de marzo de 2025, un apagón masivo apagó las luces de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, dejando a millones de personas en una oscuridad que transformó el paisaje urbano. A las 20:50, las calles de Cancún, normalmente llenas de neón y vida, quedaron envueltas en un silencio roto solo por el eco de cláxones y el murmullo de transeúntes desconcertados. En Ciudad del Carmen, el aroma salado del Golfo se mezcló con el zumbido de generadores improvisados, mientras linternas parpadeantes intentaban llenar el vacío dejado por los postes apagados. Este corte, que también pudo haber alcanzado partes de Yucatán y Chiapas, expuso la fragilidad eléctrica del sureste mexicano.
El impacto fue inmediato y extenso. En Quintana Roo, municipios como Bacalar, Tulum y Cozumel reportaron más de tres horas sin electricidad. En Campeche, el Puente de la Unidad, un ícono local, se desvaneció en la penumbra, mientras colonias como San Nicolás y Obrera quedaron a oscuras. En Tabasco, comunidades como La Península y Pueblo Nuevo enfrentaron el mismo destino, con el calor nocturno agravando la incomodidad. La falta de luz detuvo semáforos, cortó el suministro de agua en varias zonas y debilitó las señales de telefonía, aislando a muchos en un mar de incertidumbre.
Los negocios, especialmente en el vital sector turístico de Quintana Roo, sintieron el golpe con fuerza. Hoteles y restaurantes cerraron sus puertas o recurrieron a velas y plantas de emergencia, mientras el sonido de ventiladores apagados y refrigeradores silenciados marcaba el paso de las horas. Empresarios locales temen pérdidas económicas significativas, con alimentos perecederos en riesgo y visitantes confundidos por la falta de servicios. Sin embargo, hasta las 21:11 CST, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni las autoridades estatales ofrecieron respuestas sobre las causas o un plan para restablecer la energía, según reportes en X.
El silencio oficial puso bajo la lupa a los gobernadores de Morena: Javier May en Tabasco, Layda Sansores en Campeche y Mara Lezama en Quintana Roo. La coincidencia política con el gobierno federal podría intensificar las críticas, especialmente porque la región ha sufrido apagones recurrentes. En 2019 y 2022, fallas técnicas y sobrecargas, a menudo ligadas al Complejo Hidroeléctrico Grijalva, dejaron a millones sin luz. Este historial alimenta el debate sobre la preparación de las autoridades y la capacidad de respuesta ante una crisis que no es nueva.
Aun así, las vulnerabilidades del sistema eléctrico no son un secreto. Expertos señalan que la dependencia del Grijalva y la falta de modernización han dejado al sureste expuesto. En 2022, un accidente de un trabajador de la CFE provocó un apagón que afectó a 1.3 millones de usuarios, y el crecimiento turístico en Quintana Roo ha elevado la demanda sin una red que lo soporte. Líderes empresariales han exigido mejoras, pero las soluciones estructurales siguen pendientes, dejando a la región en un ciclo de interrupciones.
En medio de la oscuridad, la resiliencia comunitaria emergió como un destello de luz. Aunque no hay datos oficiales, publicaciones en X reportan actos de solidaridad: vecinos compartiendo generadores en calles silenciosas, faroles iluminando cruces para guiar autos y familias uniendo recursos para sobrellevar la noche. Estas acciones, comunes en crisis pasadas, reflejan un espíritu colectivo que contrasta con la inacción oficial y ofrece un respiro en la adversidad, tejiendo redes de apoyo donde la infraestructura falla.
La presión política crece mientras los ciudadanos exigen claridad. Para Mara Lezama, el desafío es doble por el peso del turismo en Quintana Roo, donde ha trabajado antes con la CFE para mitigar daños. La crisis podría ser una prueba clave para los gobernadores de Morena, especialmente en un año electoral. Analistas sugieren que este evento podría impulsar demandas de acción concreta, desde planes de contingencia hasta inversiones que fortalezcan la red eléctrica y eviten que el sureste vuelva a apagarse.
Este apagón no solo dejó casas sin luz, sino que iluminó la urgencia de soluciones duraderas. La CFE enfrenta críticas por su historial y su mutismo actual, que erosiona la confianza pública. Mientras las comunidades se levantan con faroles y generadores compartidos, el evento podría ser un punto de inflexión, un llamado a priorizar la modernización eléctrica en una región que no puede permitirse más noches a oscuras. La solidaridad de hoy es un ejemplo, pero el futuro exige más que gestos: exige un sistema que no falle.
