CDMX a 24 de junio, 2024.- El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha solicitado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que regule y homologue las tarifas de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos en carreteras federales. Esta petición surge debido a las prácticas abusivas de los concesionarios, quienes actualmente imponen cuotas excesivas y arbitrarias que dejan a los usuarios en una situación de indefensión.
Natale Gutiérrez argumenta que la falta de una regulación clara permite a los concesionarios cobrar tarifas exorbitantes por el uso de grúas y rampas de emergencia para frenado. Estos servicios, esenciales para evitar tragedias derivadas de accidentes, se convierten en una carga económica significativa para los transportistas. Según el diputado, los costos pueden oscilar entre 200 mil y 250 mil pesos, cifras que considera absurdas y sin justificación.
En su comunicado, el diputado instó a la SICT a fijar tarifas autorizadas, transparentes y públicas a nivel nacional, de manera que no puedan ser alteradas. También pidió que se establezcan sanciones severas, desde multas hasta el retiro de permisos, para aquellos concesionarios que cometan abusos.
Diversas organizaciones, como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos AC, la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga AC, la Asociación Nacional de Transporte Privado y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, han mostrado su disposición para trabajar en coordinación con las autoridades. Estas organizaciones están dispuestas a colaborar denunciando los abusos y asegurando que las tarifas establecidas por la SICT sean respetadas.
El uso de rampas de emergencia para frenado es crucial para evitar accidentes graves. Sin embargo, cuando un tráiler necesita utilizar una de estas rampas, el costo de salir de ella con la ayuda de una grúa, junto con el pago por daños a la rampa, puede ser prohibitivo. Los transportistas se encuentran a menudo en una situación donde, además de enfrentar el estrés del accidente, deben lidiar con costos exorbitantes que afectan su economía.