Marcha Sindical en Guerrero Exige Retiro de Mandos Militares de la Fiscalía
Editor web Maya Comunicación En un acto de protesta, decenas de trabajadores sindicalizados de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero tomaron las calles de la capital para exigir la destitución de los mandos militares designados por la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón. La marcha, que congregó a cerca de 200 empleados, se convirtió en un clamor por la reinstauración de una dirección civil en la institución y un llamado al respeto de los derechos laborales.
La manifestación, liderada por Ana Jazmín Acosta González junto con otros dirigentes de la Sección 07 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), inició su recorrido antes de las 10 de la mañana desde el centro de Chilpancingo. Los participantes, armados con pancartas y voces de protesta, marcharon hacia las instalaciones de la FGE, donde declararon un paro laboral y la toma de la sede hasta que sus demandas sean atendidas.
Entre los principales reclamos destacó la exigencia de remover a los mandos militares que aún permanecen en la Fiscalía, una decisión heredada de la administración anterior que los trabajadores consideran incompatible con el carácter civil del organismo. Además, solicitaron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para asegurar la exclusión de la presencia militar en la FGE, subrayando la importancia de mantener la naturaleza civil de la institución encargada de la investigación y prosecución de los delitos en el estado.
La presencia de militares en cargos previamente ocupados por civiles dentro de la FGE ha sido un punto de contención, que los manifestantes argumentan, mina la autonomía y el enfoque civilista que debe regir en la administración de justicia. Este conflicto refleja una problemática más amplia relacionada con la militarización de espacios civiles en México, un tema que ha generado debate y preocupación en diversos sectores de la sociedad.
Con la Fiscalía declarada en paro laboral, los trabajadores esperan que sus voces sean escuchadas y que se tomen acciones concretas para reorientar la institución hacia una gestión que respete sus principios fundacionales y los derechos de su personal.
