CDMX a 1 de octubre, 2024.- La reciente controversia entre la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) y Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica del Gobierno Federal, ha puesto en jaque la independencia del Poder Judicial en México. Las declaraciones de Godoy, en las que presuntamente amenazó a jueces federales por sus resoluciones en juicios de amparo relacionados con la reforma judicial, han encendido las alarmas dentro del sector.
En un comunicado enérgico, la JUFED expresó su preocupación por lo que consideran «una grave amenaza» a la división de poderes y a la autonomía judicial. La independencia de los jueces y magistrados, subraya la asociación, es un pilar fundamental para el funcionamiento democrático del país, ya que garantiza un sistema de justicia imparcial que respete los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Esta situación adquiere relevancia en un contexto delicado, ya que diversos mandatarios internacionales se encuentran en México para la ceremonia de transición del Poder Ejecutivo. Las palabras de Godoy, según la JUFED, no solo amenazan a los jueces sino también el progreso democrático del país, poniendo en peligro la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.
El conflicto llega en un momento crítico en el que la relación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha sido tensa debido a las reformas promovidas por el gobierno federal. La JUFED también hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a otras autoridades a respetar las suspensiones otorgadas por los jueces de Distrito, recordando que el incumplimiento de las resoluciones judiciales podría traer consecuencias legales para los funcionarios responsables.
La próxima consejera jurídica enfrenta una creciente presión para demostrar su compromiso con los principios democráticos, mientras que los jueces y magistrados continúan alzando la voz para defender la autonomía de la justicia en México.
El panorama no solo es preocupante por las declaraciones, sino por lo que podría significar a largo plazo para la estabilidad del sistema judicial del país. La JUFED ha reiterado su compromiso con la defensa de la Constitución y la autonomía judicial como mecanismos esenciales para garantizar el respeto a las leyes y los derechos de todos los ciudadanos.