López Obrador desprecia las expresiones de la sociedad civil y del periodismo crítico: José Woldenberg

Fotos Bruno Cortés / Maya Comunicación

El Foro “En Defensa del INE, de la Constitución y la Democracia” convocado por el Frente Cívico Nacional reunió a los ex presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdéz Zurita, quienes analizaron la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El evento realizado en un teatro de la Ciudad de México y transmitido en vivo a través de Youtube y redes sociales, congrego a dirigentes de partidos políticos, periodistas, intelectuales, integrantes de la sociedad civil, legisladores en función, ex legisladores y ex gobernadores.

El foro, moderado por la Senadora por el PRI, Claudia Anaya, contó con la participación individual de cada uno de los ex consejeros y hubieron dos rondas de preguntas del público asistente que llenó el lugar.

Ésta es la primera respuesta puntual de ex presidentes del INE a la propuesta presidencial, la cual, coincidieron, regresiva y autoritaria y lo que busca es tomar control de las autoridades electorales, destruyendo los avances democráticos de los últimos 40 años.

Woldenberg dijo que si bien las instituciones son perfectibles, “lo que pretende la reforma constitucional que envió el presidente a la Cámara de Diputados implica la destrucción de lo construido y que ha cumplido con su misión. Hoy tenemos elecciones auténticas, los resultados dependen de las oscilaciones de los humores públicos y la diversidad política ha logrado convivir y competir en forma pacífica. No obstante, las baterías del gobierno se orientan hacia el entramado electoral que le permitió convertirse en la primera fuerza política”.
Señaló que tras la extinción del INE y el TEPJF, lo que se pretende es mermar la autonomía de las instituciones electorales para alinearlas a la voluntad oficial.

Alertó de la desaparición los servicios civiles de carrera, “columna vertebral que garantiza eficiencia y profesionalismo”.
En lo que respecta a la autonomía, que en su opinión es uno de los objetivos de la reforma propuesta por el presidente, comentó que es necesaria porque la pugna electoral requiere organizadores libres e imparciales, “y es imprescindible que los mismos no estén alineados con ninguno de los competidores. De esa manera, la autoridad puede cumplir de mejor manera su función y ofrecer garantías de imparcialidad a los propios partidos y sus candidatos”.
Recordó cómo la falta de autonomía de la entonces Comisión Federal Electoral (CFE) generó una crisis de credibilidad en 1988, cuando los representantes de los poderes públicos y de los partidos, el problema de esa fórmula es que todos ellos tenían filiación partidista y eran al mismo tiempo jueces de la contienda.

Indicó que en 1996 fueron los propios partidos y sus bancadas en el Congreso, los que decidieron forjar un arbitraje incluso por encima de ellos, “de tal suerte que la organización electoral estuviera fuera e cualquier duda de parcialidad. Pero al parecer de vez en vez y hoy lo vemos, desde el gobierno se añora tener representantes con poder de decisión y es entonces cuando intentan colocar, voceros en vez de consejeros. Con eso dañan a la institución y en el mediano plazo también se dañarían ellos mismos ya que desacreditarían el expediente que les otorga legitimidad a los Congresos: las elecciones”.

Para Luis Carlos Ugalde la transición democrática que se creyó terminada en el 2000, habrá que esperar una tercera transición.

“Pensábamos que había un ciclo lineal, creciente u progresivo del cambio político en México, y quizá el corte iniciaba en 1977 o 1968, y quizá 2000 era una buena fecha histórica para decir que aquí se cortó la transición y México era feliz”, aunque para otros esta transición terminó en el 2018 con la izquierda en el poder.

“Durante mucho tiempo se pensó que la transición a la democracia tendría su prueba de fuego cuando el partido oficial perdiera y aceptara esa derrota de la Presidencia de la República, quizá tengamos que esperar la tercera alternancia cuando ocurra efectivamente”, indicó.

Mencionó que en la actualidad lo que se contrapone son dos modelos de democracia: una, construida durante los últimos 40 años con características liberales. Y la otra es un modelo reciente no en el discurso, pero sí en el poder político, que se le conoce como democracia populista. “La democracia representativa busca controlar el poder. La democracia populista busca usar el poder para transformar la realidad y esta diferencia es fundamental”.

“México ha construido en los últimos 30 o 40 años un sistema para ir acotando las manos del rey. Para ir acotando los abusos del ejercicio del poder presidencial, para ir acotando los abusos del partido oficial, para que las elecciones fueran un espacio neutro, equitativo y para que ganara quien tuviera más votos. El control del poder es la acción liberal de la democracia representativa. La democracia populista busca usar todo el poder que le dio el pueblo en las urnas para transformar la realidad. Y por lo tanto el control de l poder es un obstáculo para el ejercicio de la democracia populista”.

Ugalde comentó que la democracia electoral mexicana tiene memoria en su construcción desde hace 20 0 30 años cuando se acordaron las reglas del juego que hoy el presidente, su gobierno y su partido desacatan, siendo que la prohibición de intromisión de servidores públicos en las elecciones fue producto de una reforma impulsada por López Obrador tras las elecciones del 2006 y que se expresan en el “¡Cállate, Chachalaca:”, con el que exigía al presidente en turno excluirse del proceso electoral e impedir su influencia e los resultados.

“Buena parte de las restricciones que el gobierno quiere desafiar, surgieron justamente en alegatos que el hoy presidente hizo en las elecciones del 2006. No debemos olvidar que el Cállate, Chachalaca, se transformó en Ley, en la Constitución, y era el grito desesperado de uno de los candidatos en el 2006, para decirle al Presidente de la República que su neutralidad, su alejamiento de la contienda era condición necesaria para que hubiera equidad en la elección. El cállate, chachalaca se convirtió en el 2007 en parte del artículo 134 constitucional que establece la obligación de los funcionarios públicos para mantener la neutralidad durante las contiendas electoral”.

Criticó que todo ello haya sido violentado en la recién Consulta de Revocación cuando el propio presidente alentó a su partido y su gobierno a violar la ley ya desafiar a las autoridades electorales.

Exigió respeto a la legalidad, normatividad que aunque sean imperfectas han sido producto de consensos políticos; autocontención para evitar violar la ley porque sin “autocontención democrática, no hay democracia que pueda sobrevivir”.

Alertó de la posibilidad de que si la reforma electoral no es aprobada se busque extrangular al INE por la vía presupuestal, siendo que en el 2023 ya habrá de solicitar recursos para la elección presidencial del 2024. De igual forma, no descartó que en respuesta al rechazo opositor a la reforma, el presidente y sus legisladores eviten la designación de dos consejeros del INE (entre ellos el presidente) con lo cual quedaría acéfalo para las elecciones del 2024.

Por último consideró necesario aceptar los resultados porque “si ante una elección competida y cerrada, puede repetirse una crisis electoral como en el 2006, o constitucional. No es lo mismo que el resultado lo desconozca uno de los candidatos perdedor, que si el resultado lo desconozca el mismo gobierno o el partido oficial”.

Leonardo Valdés Zurita también refirió cómo el gobierno y el partido en el poder mantenían el control de las elecciones y sus resultados desde la CFE donde contaban con 16 representantes por 12 de la oposición y que en Colegios Electorales de las personas electas (y avaladas por la CFE) se calificaban las elecciones, es decir, la autoridad era también juez y se calificaba a sí misma.

Con “la reforma de 1996 desaparecieron los Colegios Electorales y se creó el Tribunal Electoral, y se le dio facultades para calificar las elecciones, para sustituir la calificación autoritaria por una jurisdiccional apegada a derechos; además de aprobar el financiamiento a partidos políticos. El control dejó de ser autoritario, para ser uno democrático”.

Reconoció avances en la legitimidad del sistema democrático electoral mexicano con el perfeccionamiento en la representación política, la apertura del Senado, la Constitución de la CDMX y la elección directa de su gobernante, además de la paridad de género, relección inmediata de diputados y senadores y presidentes municipales.

De la pretensión presidencial de desaparecer el Servicio Profesional Electoral, para regresar a la contratación de personal eventual que organice los comicios, dijo que es regresar a los tiempos de 1988 cuando la CFE nombraba a 32 presidentes del órgano temporal en cada entidad, 300 presidentes en los distritos electorales, que elegían a los funcionarios de casilla con simpatizantes del partido en el poder.

“El antídoto a eso se llama SPE. Acabar con ello es una respuesta, gravísima y regresar a los tiempos de 1988”. E igual alertó sobre el riesgo pretender que cada seis años se elijan a consejeros electorales y magistrados electorales, renunciando al escalonamiento que permite recuperar la experiencia con quien es designado pro primera vez.

En las preguntas y respuestas formuladas por los asistentes, los ex presidentes del INE rechazaron el argumento de que se trata de una institución cara, porque recordaron que la mayor parte del presupuesto es destinado a las prerrogativas constitucionales para los partidos políticos y para la elaboración de la Lista Nominal, con nombre y fotografía y que es una acción que robustece la confianza; y la credencial de elector con fotografía que se ha convertido en la Cédula de Identidad Nacional.

Esto último no lo hace ningún país del mundo, pero es producto de la permanente desconfianza ciudadana que sigue votando en boletas con altos niveles de seguridad y cuyo costo eleva también el presupuesto del INE. Coincidió con Ugalde en que la batalla por el presupuesto es fundamental.

Woldenberg discrepó de hablar de democracia liberal y de democracia populista, porque dijo que en realidad esta última es un sistema autoritario que niega los derechos y controles ciudadanos, y la certeza jurídica en los resultados.

Ugalde reiteró que la democracia implica el método electoral y luego el control del poder político, la base de la democracia representativa. Contraria a la narrativa presidencial según la cual es necesario usar el poder político otorgado por el “pueblo” sin pesos ni contrapesos. Porque cualquier peso y contrapeo es una “traición” al pueblo porque la visión del líder es liberar al “pueblo. Por tanto, en esa narrativa desaparece el control del poder.

De su parte, Valdés Zurita recordó que ya en el 2010 el órgano electoral trabajó sin su Consejo Electoral completo por lo cual a través de la Rectoría de la UNAM se buscó una salida institucional para destrabar el proceso atorado en Poder Legislativo. Los preparativos electorales no se detuvieron gracias al Servicio Profesional Electoral.

Coincidió con Ugalde en el sentido de hacer un llamado a la sociedad civil a sumarse a la defensa de la democracia, a la institución electoral.

Como conclusión Woldenberg precisó que el presidente quisiera tener un poder concentrado en la presidencia, poderes constitucionales subordinados a su voluntad; desprecia las expresiones de la sociedad civil y del periodismo crítico y le gustaría o piensa que México se puede uniformar bajo un mismo ideario, y bajo una sola bandera política.

Por fortuna la diversidad de este país no cabe ni quiere caber bajo el manto de un solo partido, una sola ideología y de una sola voz. Esto se va a jugar en los próximos meses y en los próximos años. No es una cuestión menor.

Es una cuestión central, para saber si el México de los próximos años va a reproducir su vida política en un formato autoritario o en un formato autoritario. Creo que es lo que nos estamos jugando”.