La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, presentó una iniciativa de ley que busca imponer sanciones drásticas a los servidores públicos que faciliten, protejan, colaboren o proporcionen cualquier tipo de apoyo a grupos criminales. La propuesta contempla sanciones penales y la destitución inmediata de dichos funcionarios, quienes también enfrentarían un juicio político.

En su propuesta, Téllez plantea la adición del artículo 123 Bis al Código Penal Federal, que establece que servidores públicos como legisladores, ministros, jueces, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como integrantes de organismos descentralizados y empresas estatales, podrían ser condenados a penas de entre cinco y cuarenta años de prisión si se comprueba que cometieron traición a la patria al colaborar con organizaciones criminales.

Además de las sanciones penales, la senadora de Acción Nacional propone que los servidores públicos que incurran en estos actos sean destituidos e inhabilitados de manera permanente para ocupar cualquier cargo público. Los bienes obtenidos ilícitamente a través de su colaboración con la delincuencia organizada serían decomisados.

Téllez también detalló que aquellos funcionarios condenados por estos delitos no podrán beneficiarse de la preliberación, libertad condicional o anticipada, ni podrán obtener la suspensión o sustitución de la pena. Las personas procesadas o sentenciadas por este delito serían trasladadas a centros penitenciarios de máxima seguridad, donde se les aplicarían medidas especiales de resguardo tanto durante la prisión preventiva como en la ejecución de la pena.

La iniciativa presentada por Téllez deberá ser analizada por diversas comisiones del Senado antes de ser discutida en pleno y, en su caso, ser aprobada. La propuesta surge en un contexto en el que diversas evidencias han señalado vínculos entre algunos servidores públicos y miembros del crimen organizado. Entre los casos más recientes, se encuentran grabaciones que muestran a funcionarios de los municipios de Cuautla y Atlahuacán, en el estado de Morelos, reunidos con un presunto líder del Cártel de Sinaloa, lo que ha generado gran controversia.

A pesar de que las autoridades federales han iniciado investigaciones sobre estos hechos, hasta el momento no se ha informado sobre acciones concretas contra los funcionarios involucrados. Con esta iniciativa, Lilly Téllez busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia hacia la corrupción y los nexos entre el servicio público y el crimen organizado, y fomentar una mayor transparencia y responsabilidad entre quienes ocupan cargos públicos.