Por Bruno Cortés
«Morena está llevando a México hacia una dictadura», así lo declaró la senadora Lilly Téllez desde la tribuna del Senado, durante la discusión de la reforma constitucional propuesta por Morena, PT y aliados. Con un discurso contundente, Téllez acusó al partido en el poder de querer consolidar un régimen autoritario, desmantelando la división de poderes que sustenta la democracia en el país.
“No se distraigan, mexicanos, esto es lo más importante que deben saber. Morena está concentrando todo el poder para subyugar la pluralidad y desactivar cualquier freno a sus pretensiones”, señaló la senadora. Con una dura crítica, acusó a los legisladores de Morena de tener «colmillos podridos de autoritarismo, despotismo y absolutismo». Su mensaje no fue sutil: para ella, la reforma que se discute es una amenaza directa a las libertades y los derechos de los ciudadanos.
Téllez fue aún más allá al afirmar que Morena ha logrado imponer una falsa mayoría en el Senado, argumentando que “el pueblo no les dio el mandato para destruir a la democracia, se lo robaron». La senadora afirmó que, bajo este supuesto fraude, el partido busca controlar al Poder Judicial para convertirlo en un brazo de extorsión política, consolidando así un poder absoluto. “Esto es una dictadura disfrazada de democracia», sentenció.
¿Pero de qué trata esta reforma?
La propuesta que tiene en pie de lucha a la oposición, especialmente al PAN y al PRI, busca que ciertas reformas a la Constitución no puedan ser impugnadas, es decir, que no puedan ser cuestionadas legalmente en tribunales. En términos simples, esto significa que, una vez aprobadas, no habría manera de frenar esos cambios mediante recursos judiciales.
Detrás de esta propuesta están nombres de peso en la política actual, como Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, quienes han defendido la reforma como una medida para agilizar los cambios necesarios para el país. Según ellos, la idea es evitar que reformas aprobadas democráticamente sean bloqueadas en los tribunales, lo cual, afirman, retrasa el progreso.
Sin embargo, para Téllez y la oposición, esta reforma es una clara señal de que Morena busca perpetuarse en el poder sin ningún tipo de control. Al eliminar la posibilidad de impugnar ciertas decisiones, argumentan que el partido en el gobierno está consolidando un poder desmedido, lo que pone en riesgo las libertades y la democracia del país.
El choque de visiones
Mientras que los defensores de la reforma aseguran que su intención es avanzar en las transformaciones necesarias para el país, sus detractores insisten en que la medida es peligrosamente autoritaria. Téllez lo expresó de forma clara y directa: “Esta reforma es un asalto al Poder Judicial, y el objetivo es eliminar cualquier freno que les impida modificar la Constitución a su antojo. Esto es, sin duda, un paso hacia una dictadura”.
Para los opositores, no se trata solo de una cuestión técnica. Creen que el cambio constitucional que se propone abre la puerta a un gobierno sin contrapesos, donde las reformas que afecten directamente a los derechos de los ciudadanos no podrán ser cuestionadas ni revertidas. Y aunque los partidarios de la reforma insisten en que se trata de un esfuerzo por mejorar la gobernabilidad, el miedo al abuso del poder es palpable.
¿Qué significa todo esto para México?
Este debate tiene implicaciones profundas para el futuro político del país. Por un lado, se busca agilizar procesos y evitar que los cambios promovidos por el gobierno enfrenten constantes bloqueos en los tribunales. Por otro lado, la posibilidad de que estas reformas no puedan ser impugnadas preocupa a quienes ven en ello un intento de concentrar demasiado poder en una sola facción política.
La advertencia de Lilly Téllez no es una exageración para sus seguidores, sino una alerta seria sobre los riesgos que ven en esta reforma. Desde su perspectiva, lo que está en juego no es solo una cuestión legislativa, sino el futuro de la democracia mexicana. Si el gobierno de Morena continúa en esta línea, asegura, el país podría estar caminando hacia un régimen autoritario disfrazado de democracia.
Mientras tanto, el Senado seguirá debatiendo esta propuesta, que sin duda marcará un antes y un después en el panorama político del país. La discusión está lejos de terminar, y lo que se decida en las próximas semanas podría tener repercusiones a largo plazo en el equilibrio de poder en México.