Por Bruno Cortés
Ciudad de México.– En un país donde el acceso a internet se volvió tan vital como el acceso al agua, una ley que permite al gobierno cerrar el grifo digital a voluntad no solo alarma, indigna. Así lo expresó el senador Ricardo Anaya, coordinador del grupo parlamentario, al salir de la sesión de Comisiones Unidas del Senado donde se discutió –más por consigna que por consenso– el dictamen de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“Esto es una simulación absoluta”, dijo, visiblemente molesto, al señalar que el dictamen de casi 300 páginas se distribuyó una noche antes para discutirse al día siguiente por la mañana. Una maniobra que, según Anaya, huele a albazo legislativo, ese vicio tan institucionalizado que ya parece cláusula del reglamento interno. “¿Quién lee 300 páginas en ocho horas?”, cuestionó con ironía, aunque todos sabían que la respuesta es: nadie… y mucho menos en el Senado.
El punto más escandaloso es el artículo 109, que daría al gobierno la facultad de bloquear cualquier plataforma digital sin orden judicial ni límite claro. Y el encargado de decidir qué se bloquea y cómo se bloquea, sería la flamante Agencia de Transformación Digital, un organismo cuya independencia se antoja tan sólida como una gelatina en una manifestación.
“Quieren controlar lo que se dice en la radio, televisión, redes sociales, internet, YouTube, Instagram, Twitter… todo”, advirtió Anaya. Y no por seguridad nacional ni por combatir el delito, sino porque les incomoda la crítica. En un giro que mezcla manipulación y estrategia, acusó al gobierno de usar un problema real —unos spots denigrantes contra migrantes— como excusa para colar una ley con más de 280 artículos, de los cuales solo tres abordan ese tema.
Para Anaya, esta no es una ley para regular el espectro digital, sino para acallar la disidencia, y viene empaquetada con una cláusula de regalo: la misma agencia que decide bloquear también redacta las reglas del bloqueo. “¿En qué parte del mundo el juez escribe la ley y dicta la sentencia?”, se preguntó. En México, aparentemente, en 2025.
La gravedad del asunto, asegura, va más allá del dictamen en sí, pues está ligada a la reforma judicial que busca cambiar la composición de la Suprema Corte. “Aunque sea inconstitucional, ellos van a controlar la Corte y, por tanto, también el fallo”, dijo. Una estrategia en tres actos: capturar el Congreso, doblegar la justicia y controlar la narrativa.
Anaya lanzó una advertencia directa: “Esto no es una política pública, es el manual de un régimen autoritario”. E hizo un llamado a la ciudadanía para despertar del letargo político y darse cuenta del costo de concentrar todo el poder en un solo partido. «Primero fue el INAI, luego el IFT, ahora es la libertad de expresión», enumeró, como quien repasa las estaciones de un tren rumbo a la autocracia.
Concluyó con una pregunta incómoda: “¿Qué sigue?”, dejando en el aire la sensación de que lo peor aún no ha comenzado. Porque cuando el poder lo controla todo, incluso el silencio puede convertirse en una orden.
