Por Bruno Cortés

Si usted quiere entender la tragedia mexicana, no necesita leer sesudos informes de derechos humanos ni esperar a que el gobierno reconozca el desastre. Basta con seguir en redes sociales a las Madres Buscadoras. Con una pala en una mano y una varilla en la otra, estas mujeres han hecho más por encontrar a los desaparecidos que todas las fiscalías juntas. Y lo han hecho bajo el sol ardiente, con amenazas constantes y sin un peso de presupuesto oficial. Ah, pero eso sí, en cada 10 de mayo les mandan «abrazos» desde el púlpito presidencial.

El país de las fosas

México es un país con más fosas clandestinas que parques públicos. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras: entre 2017 y 2025, las madres buscadoras han detectado entre 600 y 800 fosas, encontrando entre 1,230 y 1,500 restos humanos. Hablamos de una crisis de desapariciones que se cuenta en decenas de miles y que, lejos de resolverse, sigue creciendo.

Los hallazgos se concentran en estados como Sonora y Jalisco, pero nadie debería engañarse: este es un problema nacional. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas ya supera las 116,000 personas sin localizar, y el 97% de esos casos ocurrieron después de 2006. Es decir, el Estado mexicano ha sido incapaz de evitar la tragedia y, peor aún, ha renunciado a buscar a las víctimas.

El gobierno que no ve, no oye y no habla

Mientras las madres cavan, las autoridades miran hacia otro lado. Desde hace un año, el gobierno dejó de compartir estadísticas actualizadas sobre fosas clandestinas, como si la desaparición de los datos hiciera desaparecer la crisis. A falta de respuestas oficiales, las madres han tenido que desarrollar sus propios métodos: organizan búsquedas en redes sociales, reciben pistas anónimas y hacen el trabajo que debería estar en manos de las instituciones de justicia. ¿El gobierno? Bien, gracias. Preocupado por cualquier otra cosa menos por esto.

El colmo del cinismo es que las madres no solo buscan bajo amenaza del crimen organizado, sino también con la hostilidad del propio Estado. Entre 2022 y 2023, al menos ocho madres buscadoras fueron asesinadas. La respuesta oficial ha sido la misma de siempre: silencio, impunidad y algún mensaje vacío de solidaridad.

El absurdo de la justicia mexicana

Para colmo, cuando las madres encuentran restos humanos, empieza un nuevo calvario: que los forenses los analicen, que se identifiquen los cuerpos, que las fiscalías «hagan su trabajo» (ja). Porque una cosa es encontrar una fosa y otra muy distinta es lograr que el Estado haga algo con esa información. Muchas familias esperan años para que les entreguen los restos de sus seres queridos. O peor aún: nunca los recuperan.

En este país, los desaparecidos tienen más posibilidades de ser encontrados por su madre que por la policía. Y esa es la mayor condena de un gobierno que, cada sexenio, promete justicia y cada sexenio, fracasa estrepitosamente.

¿Hasta cuándo?

Las madres buscadoras han hecho su parte. Han encontrado las fosas, han dado cifras, han puesto el tema en la agenda pública. Ahora la pregunta es: ¿qué van a hacer los que están en el poder? Porque los abrazos y los discursos ya no alcanzan. La crisis de desaparecidos es el mayor fracaso del Estado mexicano en las últimas décadas. Y el gobierno tiene dos opciones: o enfrenta la verdad o sigue haciendo lo que ha hecho hasta ahora… fingir que las fosas no existen y que las madres buscan fantasmas.