Por Bruno Cortés

El diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo (PT), está impulsando una reforma al Código Penal Federal con la intención de ponerle un alto a la tala ilegal de árboles, una práctica que está causando graves estragos en los ecosistemas mexicanos. A través de esta iniciativa, Manzanilla busca sancionar con penas de seis a 12 años de prisión y multas que van de mil a seis mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quienes corten, arranquen o talen algún árbol, sin la debida autorización.

La tala ilegal no es un problema nuevo en México, pero la urgencia de combatirla es cada vez más evidente. Manzanilla destaca que, aunque en 2023 ya se modificaron algunos artículos del Código Penal para endurecer las sanciones contra este delito, aún no se ha logrado frenar la destrucción de nuestros bosques. La tala ilegal no solo afecta a los recursos naturales, sino que también tiene repercusiones muy serias en la calidad de vida de las comunidades cercanas. Este tipo de actividades impacta negativamente en la estabilidad económica y social de las regiones donde se realizan, provocando un círculo vicioso que empeora las condiciones de vida de las personas y genera un daño irreversible a los ecosistemas.

Lo preocupante, según los datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), es que cada año se talan alrededor de cinco mil hectáreas de bosques en el país debido a actividades ilegales. Y a pesar de las sanciones que ya existen, la realidad es que muchas veces los responsables de estos actos no enfrentan consecuencias realmente severas. El diputado señala que las penas actuales no son lo suficientemente disuasivas y que esto crea un ambiente de impunidad que deja desprotegidas a las comunidades afectadas, muchas de las cuales dependen directamente de los recursos naturales para su supervivencia.

Este tipo de delitos no solo está ligado a la devastación de los bosques, sino que también tiene implicaciones sociales graves. La tala ilegal está vinculada a actividades del crimen organizado, como el despojo de tierras y la violencia en comunidades rurales. Por lo tanto, la iniciativa de Manzanilla no solo tiene un enfoque ambiental, sino también social, al reconocer la compleja relación que existe entre la deforestación y el aumento de la violencia en diversas regiones del país.

El daño causado por la tala ilegal no se limita a la pérdida de árboles. La deforestación agrava fenómenos naturales como las inundaciones y deslizamientos de tierra, que afectan principalmente a las zonas rurales. Además, en las ciudades, la falta de vegetación impacta la calidad del aire y reduce la disponibilidad de agua, elementos esenciales para la salud de los ciudadanos. Si no se toman medidas más estrictas, estos problemas solo seguirán empeorando, afectando a las futuras generaciones de mexicanos.

Manzanilla, al presentar esta iniciativa, subraya la necesidad de contar con herramientas más efectivas para las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente, como la Profepa. La reforma busca darle a estas entidades el poder de hacer cumplir las leyes de manera más eficiente y que las sanciones sean realmente un impedimento para quienes decidan cometer estos delitos.

Así, la reforma propuesta por el diputado del PT busca reforzar la legislación contra la tala ilegal y sus consecuencias devastadoras. Con una mayor severidad en las penas, la esperanza es que se logre frenar la deforestación y proteger no solo nuestros recursos naturales, sino también la seguridad y bienestar de las comunidades más vulnerables. En un país donde la biodiversidad es uno de nuestros mayores tesoros, es hora de que la legislación refleje la importancia de preservar lo que nos queda, antes de que sea demasiado tarde.