Por Bruno Cortés
El futuro de la reforma judicial en México está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este organismo podría anular las modificaciones propuestas por el gobierno, en especial la polémica idea de elegir jueces por voto popular. Esta decisión se enmarca en un complejo contexto constitucional que define qué cambios pueden o no afectar la «estructura básica» de la Constitución, un concepto clave para la estabilidad del Estado mexicano.
Contexto de la Reforma Judicial: La propuesta de reforma judicial impulsada por el gobierno actual ha generado un profundo debate en el país. La modificación más controvertida es la elección de jueces por voto popular, lo que ha despertado fuertes críticas desde diversos sectores que advierten sobre el riesgo de politización del Poder Judicial y el debilitamiento de su independencia. La SCJN ha recibido recursos legales que cuestionan la constitucionalidad de estos cambios, lo que sugiere un posible choque entre las interpretaciones de la Corte y las del Ejecutivo.
La estructura básica de la Constitución: La «estructura básica» de la Constitución mexicana incluye principios como la división de poderes, la garantía de derechos humanos, y los procesos democráticos justos y libres. Alterar estos elementos podría comprometer la esencia misma del Estado mexicano. Por ello, cualquier reforma que modifique estos principios corre el riesgo de ser considerada inconstitucional. La SCJN tiene un rol crucial en garantizar que estos pilares fundamentales no sean vulnerados bajo el argumento de modernizar el sistema judicial.
Precedentes históricos de la SCJN: El activismo de la SCJN no es nuevo. A lo largo de su historia, la Corte ha anulado reformas que consideraba incompatibles con los principios constitucionales. Ejemplos recientes incluyen la anulación del “Plan B” electoral en 2023, donde se determinó que la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) violaba el debido proceso legislativo. Estos precedentes refuerzan el papel de la SCJN como guardiana del orden constitucional, especialmente en momentos en los que el Poder Legislativo intenta impulsar reformas cuestionadas.
Críticas y preocupaciones internacionales: La propuesta de reforma judicial también ha despertado preocupación en la comunidad internacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, calificó la iniciativa de elegir jueces por voto popular como una amenaza a la democracia. Este enfoque, argumentan sus críticos, podría facilitar la manipulación del sistema judicial por intereses políticos o criminales. Además, agencias como Moody’s han advertido que una judicialización politizada podría ahuyentar a los inversionistas extranjeros, afectando la economía mexicana en un momento crítico.
La decisión de la SCJN sobre la reforma judicial no solo determinará el futuro del sistema de justicia en México, sino que también tendrá implicaciones profundas para la estabilidad política y económica del país. En un momento donde se cuestiona el equilibrio de poderes y la protección de los derechos humanos, la Corte tiene la tarea de actuar como salvaguarda de la Constitución. La independencia del Poder Judicial está en juego, y con ello, la esencia de la democracia mexicana.