Por Juan Pablo Ojeda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso significativo al admitir tres nuevas consultas que analizarán las impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) promulgada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma busca que jueces y magistrados sean elegidos en las urnas, un cambio que ha generado un amplio debate sobre la independencia del sistema judicial en México.
En una sesión reciente, el Pleno de la SCJN se reunió para discutir seis consultas a trámite. De estas, se decidió aceptar tres que buscarán evaluar la viabilidad de analizar en profundidad la reforma. Sin embargo, los ministros también desestimaron otras tres consultas, argumentando por ocho votos contra tres que “carecen de facultades de otorgar medidas cautelares”.
El 3 de octubre, la Corte ya había comenzado un debate sobre si tiene la autoridad para revisar la reforma judicial. Ahora, la decisión de admitir una de las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados permite que se explore si el alto tribunal puede revisar esta enmienda constitucional.
Este proceso es crucial, ya que la reforma propone un cambio radical en cómo se eligen a los magistrados y jueces en el país. La posibilidad de que sean elegidos por voto popular plantea interrogantes sobre la separación de poderes y la autonomía del sistema judicial, elementos fundamentales en cualquier democracia.
Los ministros de la SCJN han dejado claro que el análisis de la reforma no solo es una cuestión legal, sino que también tiene implicaciones profundas para el futuro del poder judicial en México. La decisión de avanzar con las consultas sugiere que la Corte está dispuesta a evaluar cuidadosamente las consecuencias de esta reforma.
A medida que el debate avanza, tanto el ámbito político como el judicial se mantendrán en el foco de atención. Los próximos pasos de la SCJN serán cruciales para definir el rumbo del Poder Judicial y la forma en que se administrará la justicia en el país.