Por Bruno Cortés

En México, uno de los temas más dolorosos y complejos que enfrenta la sociedad es la creciente crisis de las desapariciones forzadas. Este problema ha tocado a miles de familias, y, ante la gravedad de la situación, los legisladores han comenzado a plantear soluciones. Una de las propuestas más relevantes proviene de Moreira Valdez, un legislador con mucha influencia en el Congreso, quien, acompañado de otros miembros de su bancada, dejó claro que lo que se necesita para afrontar esta tragedia es una reforma constitucional que garantice el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas.

En conferencia de prensa, Moreira Valdez explicó que la reforma busca que se prohíba la desaparición forzada de personas de manera tajante. Además, subrayó la necesidad de que este proceso de reforma no sea impuesto de manera unilateral, sino que debe ser discutido junto a las víctimas, es decir, las madres buscadoras y las familias de las personas desaparecidas, y con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Una de las propuestas clave es que, una vez que la reforma sea aprobada en una de las cámaras del Congreso, como la de Diputados, no se dé por hecho que también se aprobará en el Senado sin un análisis profundo. Según Moreira Valdez, este proceso debe llevarse con responsabilidad, sin apresuramientos que puedan llevar a decisiones mal pensadas.

Una de las reformas más importantes que se propone es la que garantiza que el Estado no solo reconocerá el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas, sino que tomará todas las medidas necesarias para proteger esos derechos. Esto incluye la protección jurídica de los familiares de las personas desaparecidas, para evitar que pierdan bienes o enfrenten situaciones adversas solo por el hecho de que un ser querido ha desaparecido. En otras palabras, la reforma busca que no se les deje desprotegidos, por ejemplo, ante problemas legales o financieros.

Además, la propuesta sugiere una reforma al artículo 102 de la Constitución, en donde se especifica que la búsqueda de personas desaparecidas es una responsabilidad esencial del Estado. Esta obligación no solo recae en el gobierno federal, sino también en los gobiernos locales, quienes deben coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y otras instituciones encargadas de esclarecer estos casos. En pocas palabras, la reforma quiere que la búsqueda sea una tarea ineludible de todas las autoridades, y que los esfuerzos sean coordinados para garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

Un aspecto interesante de la propuesta de Moreira Valdez es la creación de una Comisión de la Verdad en el estado de Jalisco, para abordar específicamente los casos de desapariciones en Teuchitlán. Este tipo de iniciativas busca que instituciones académicas como el ITESO o la Universidad de Guadalajara participen activamente en la búsqueda de respuestas, utilizando su experiencia y conocimiento para esclarecer los hechos.

El legislador también aprovechó para hacer algunas críticas al gobierno federal. Cuestionó las decisiones tomadas en cuanto a seguridad, especialmente en relación con la Guardia Nacional y la falta de claridad sobre los recursos que se destinan a este tipo de iniciativas. Además, criticó la falta de una Estrategia Nacional de Seguridad concreta, argumentando que el gobierno está actuando más a reacción que de manera preventiva, sin un plan a largo plazo para construir la paz.

Por otro lado, Moreira Valdez se refirió a la propuesta de imponer aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y sugirió que México debería retomar la competitividad para frenar estos riesgos económicos. Aseguró que el gobierno mexicano debe fomentar la inversión y el desarrollo industrial, especialmente en sectores clave como la industria automotriz.

Finalmente, el legislador habló sobre el inicio de las campañas para elegir jueces, ministros y magistrados, calificando este proceso como una “farsa”. Según él, el sistema actual no mejora las condiciones de los tribunales ni de las fiscalías, y por tanto, no está garantizando que el ciudadano reciba justicia real.

Las reformas propuestas por Moreira Valdez representan un intento por dar una solución más integral a la crisis de las desapariciones y a otros problemas estructurales que aquejan al país, pero el camino para su implementación será largo y complicado, enfrentando tanto resistencia política como desafíos prácticos. Lo que está claro es que la reforma constitucional en este tema es urgente y necesaria para dar un paso más hacia la justicia en México.