Por Bruno Cortés

Recientemente, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, compartió su opinión sobre varios temas de actualidad que involucran la seguridad pública y las políticas en torno a la justicia en México. En su intervención, Moreira destacó dos puntos principales: el caso Teuchitlán y la polémica reforma en materia de seguridad que está generando grandes discusiones dentro del Congreso.

Sobre el caso Teuchitlán, Moreira expresó su satisfacción porque la próxima semana se podría discutir en la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial u ordinaria para investigar los hechos ocurridos en esta localidad. «Es una buena noticia, espero que se apruebe», comentó el diputado, dejando claro que es importante que se actúe con seriedad y rapidez en temas tan delicados como el que involucra a Teuchitlán.

El PRI ha mostrado apoyo a la Fiscalía General de la República en su manejo del caso, destacando la postura del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien, según Moreira, se ha mantenido prudente, sin apresurarse a emitir juicios, pero comprometiéndose a seguir investigando a fondo. «Tiene nuestro voto de confianza, no caeremos en las tentaciones de descalificar como lo hizo Morena», comentó Moreira, haciendo referencia a las críticas que tradicionalmente ha recibido la administración actual sobre la politización de temas de seguridad y justicia.

Sin embargo, la principal crítica de Rubén Moreira se centró en las nuevas reformas en materia de seguridad pública que, según él, son un claro paso hacia la militarización del país. Aseguró que las reformas no solo no abordan la prevención del delito de manera efectiva, sino que, además, se están violando derechos humanos de los ciudadanos comunes, dejando intocables a los delincuentes. «El 90 por ciento de la exposición de motivos del dictamen es falso», dijo el diputado, aludiendo a la falta de datos precisos y de estrategia clara para enfrentar la violencia que azota al país.

Además, Moreira fue enfático al señalar que las nuevas leyes, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, no están bien fundamentadas y ni siquiera cumplen con los estándares de transparencia y respeto a la privacidad. En su opinión, estas reformas, lejos de mejorar la seguridad, acabarían afectando a los ciudadanos comunes con medidas invasivas como la recopilación de datos biométricos y el control de la telefonía.

«Nos dicen que ahora hay un secretario que no va a abusar, pero eso no cambia que esta ley es violatoria de los derechos humanos. Estamos al revés. Ahora quieren vigilar al ciudadano normal y no al delincuente», comentó Moreira, reafirmando su postura en contra de las reformas presentadas por el gobierno.

Por último, Moreira anticipó que su partido votará en contra de estas reformas en la Cámara de Diputados, esperando que otras fuerzas políticas, como el PAN y Movimiento Ciudadano, se sumen a esta oposición. «Esto va directo al fracaso», sentenció.

En resumen, el PRI continúa mostrando una postura crítica frente a las políticas de seguridad del gobierno, especialmente en lo que respecta a la militarización y el respeto a los derechos humanos. Con el tema de la seguridad pública en el centro del debate político, parece que la lucha por encontrar un camino que garantice tanto la justicia como el respeto a las libertades seguirá siendo uno de los temas más candentes en el Congreso Mexicano.