La polémica sobre la falta de prestaciones en los repartidores de aplicaciones
Editor web Maya Comunicación 
El debate sobre la regulación del trabajo de los repartidores de aplicaciones como Cabify, DiDi, Rappi y Uber continúa sin resolverse en México. Estas empresas, agrupadas bajo la Alianza In México, han presentado un estudio que sostiene que otorgar prestaciones sociales a sus repartidores pondría en riesgo uno de los principales atractivos del modelo: la flexibilidad horaria.
Actualmente, más de dos millones y medio de personas en México trabajan como repartidores para estas plataformas. Sin embargo, no son considerados empleados formales y, por tanto, no cuentan con prestaciones sociales. Son clasificados como «asociados», trabajando por cuenta propia y recibiendo ingresos en función del tiempo que dedican a esta actividad.
Nicolás Sánchez, responsable de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Uber, explicó que formalizar el empleo de los repartidores impondría horarios y podría disuadir a muchos de continuar en el modelo actual. Según el estudio de la Alianza In México, un 60% de los repartidores dejaría de trabajar con las aplicaciones si se implementaran prestaciones sociales obligatorias.
Por otro lado, el mismo estudio revela que un 35% de los repartidores sí desea contar con seguro social, INFONAVIT, y otros beneficios como vacaciones pagadas, tal como lo establece la ley para los trabajadores formales. La falta de estos beneficios refleja una realidad laboral en la que muchos jóvenes, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se enfrentan a la informalidad debido a la escasez de «empleos decentes».
El director de la Alianza In México sugirió que, al debatir la regulación, se consideren alternativas que actualmente no existen en el país. Sin embargo, hasta ahora, las empresas no han presentado propuestas concretas para resolver esta situación. Mientras tanto, los repartidores continúan en un limbo legal, sin prestaciones y con la necesidad de mantener ingresos adicionales para sostenerse.
El caso de España, donde la ley rider obligó a las empresas a contratar directamente a los repartidores, muestra los posibles efectos de una regulación más estricta: un 60% de los repartidores dejó de colaborar con las aplicaciones, cambiando el panorama laboral significativamente.
El futuro de los repartidores en México sigue siendo incierto, con un modelo que prioriza la flexibilidad a expensas de la seguridad social. El debate continúa, y mientras tanto, la pregunta persiste: ¿quién necesita más el esquema actual, los repartidores o las aplicaciones?
