Editor web Maya Comunicación 
La Crolumna/Javier Macías García
La percepción de la justicia
Es probable que tenga la razón jurídica; incluso la razón moral, pero la forma en que el Gobierno Federal actúa genera sospechas y se crea un ambiente mediático adverso y, en redes sociales, se genera una percepción de que actúa más por revanchas o a manera de propaganda. Con la aprehensión del ex procurador Jesús Murillo y el cambio de medidas cautelares para Rosario Robles, da la impresión que procede más por consigna política y no conforme a derecho.
Por ejemplo, en el caso de Murillo Karam. El jueves, 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, da a conocer su versión de lo sucedido con los normalistas y sostiene que fue un crimen de Estado.
Al día siguiente, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso no está concluido y que falta la judicialización de todas las denuncias.
“Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la comisión, y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia”, dijo.
Y, en efecto, horas más tarde, la Fiscalía General de la República actuó. Detuvo al ex titular de la PGR y solicitó a un juez que se giraran órdenes de aprehensión contra 83 personas más.
Es obvio, que la Fiscalía ya tenía integradas las carpetas de investigación. No las puede armar en 24 horas. Por lo tanto, ya estaba pactado este show mediático con Encinas y Presidencia de la República.
Y esa parte, junto con la decisión de solicitar un cambio en las medidas cautelares en contra de Rosario Robles, genera una percepción negativa tanto para el presidente López Obrador, como para la FGR.
¿Cuántas veces la defensa de Robles Berlanga solicitó el cambio de las medidas cautelares? Por lo menos, en tres ocasiones. Las mismas que le fueron negadas por un juez, a solicitud de la Fiscalía. El argumento era que “se podría dar a la fuga”, porque cuenta con los medios y los apoyos para ello. Rosario fundamentó su solicitud por motivos de salud y de su edad.
Pero, el viernes, previo a su salida de Santa Martha Acatitla, la Fiscalía difundió un comunicado, que dice: “El pasado 17 de agosto del año en curso, la señora Rosario “R”, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), una solicitud de cambio de medidas cautelares, para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”. Es decir, las mismas razones que la exfuncionaria expuso.
Mientras en redes y medios de comunicación, criticaban al gobierno y a la FGR, fundamentalmente, porque persigue a los opositores y protege a personas afines. En las narrativas, destaca que, ambos casos, parecieran más un acto del gobierno de revanchas o de propaganda y pedían que se actúe sin venganzas ni con criterios políticas y exigían se actuara con apego a la ley.
Monreal por a favor del respeto al debido proceso y la presunción de inocencia
Es tan evidente la percepción que representantes de medios de comunicación, los usuarios de redes y ciudadanía, sobre estos casos, que en Morena no hubo apoyo para esas acciones. Por ello, resalta, lo difundido Ricardo Monreal Ávila.
Su formación y su práctica docente hacen que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, sea estricto en enseñar que la justicia debe ser aplicada conforme a Derecho.
Para el legislador, los principios que sostienen nuestra constitucionalidad, el respeto al debido proceso, y la presunción de inocencia, no deben ser usados a modo, ni como vendetta política ni como acto de arrebatos. Debe estar alejada de los apetitos insanos del mejor postor.
Lamentablemente, escribió el senador en su cuenta de Twitter, los poderes judiciales de casi todos los estados están carcomidos por los gobiernos en turno.
Esto viene a cuento por los arrestos y liberaciones que se han suscitado en estos días, por lo que debemos exigir que haya una justicia de calidad y apegada a la Constitución que nos rige.
La mala práctica de jueces, magistrados, ministerios públicos que pueden llegar a ser amenazados o manipulados por los mandatarios en turno hace que se viole el Estado de Derecho.
Monreal sostiene que la justicia tiene cuentas pendientes con la sociedad. Hay que enmendar para evitar que el deterioro social camine a pasos agigantados y no haya marcha atrás.
El abuso de la prisión preventiva, como medida cautelar
El artículo 154 del Código Penal Federal establece 14 medidas cautelares distintas, que tienen como objetivo que la persona imputada no evada a la justicia, asista a sus audiencias o juicios orales, no obstaculice los procedimientos y no ponga en riesgo a la víctima o víctimas así como a las pruebas.
La prisión preventiva es una de ellas. Esas medidas se establecieron, precisamente, para no saturar los reclusorios con personas que están en un proceso o bien en una investigación. Existe, por supuesto, la prisión oficiosa, medida cautelar decretada en automático, por disposición de la ley, por la comisión de ciertos delitos.
Y tanto para Rosario Robles, como la Jesús Murillo, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en virtud de que cuentan con los recursos y las amistades para poder salir del país. Es decir, por los delitos que se les imputan, pueden llevar su proceso en libertad.
Este miércoles, se lleva a cabo la audiencia, en la que se sabrá si vinculan o no a proceso al ex procurador y, como se ven las cosas, parece que el juez de control confirmará la prisión preventiva justificada; no obstante, que el ex funcionario tiene más de 70 años y padece de algunas enfermedades.
A la guerra sin fusil
No es novedad que los representantes de la Fiscalía General de la República, vayan a la guerra sin fusil. Es el caso, de la audiencia inicial del caso Ayotzinapa. En este, como en muchos otros, los fiscales que arman las carpetas de investigación no son los mismos que se presentan en las audiencias. Pero lo peor, es que a éstos últimos, les entregan los documentos, horas antes y, a la hora de presentar sus argumentos ante el juez de control, pues no saben qué hacer.
Y eso sucedió el sábado, cuando el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia arremetió contra los fiscales Lidia Bustamante y Sergio Navarro, se molestó porque no llegaron preparados. Ante sus constantes errores el juzgador les advirtió con dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR
Y quien si conocía la carpeta de investigación, Paola Berenice Reyes Sánchez no se encontraba en la sala de audiencias, sino en una adjunta, donde observaba a través de un circuito cerrado de televisión. Así que, con la autorización del juez, tuvo que entrar en sustitución de Sergio Navarro. Ya ni decir qué papelón, porque ya es una constante.
