La participación de hombres y mujeres en los procesos electorales de este año presentan diferentes panoramas en el Estado de México y Coahuila.

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2023.- La Ley federal, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, pone un límite al presupuesto que los estados le pueden destinar a temas de publicidad, de 0.1 por ciento.

En ese sentido, el Congreso del estado de Jalisco presentará una controversia constitucional ante la SCJN contra la Ley. «Nos están imponiendo desde la federación un tema presupuestal cuando es una facultad de nosotros, por eso estamos presentando esta controversia constitucional porque nosotros tendremos que decidir los porcentajes no solo en ese rubro sino en todos los rubros porque es un presupuesto estatal», dijo el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el estado, Gerardo Quirino Velázquez, quien impulsó el recurso.

Mencionó que están de acuerdo en que se gaste de manera consciente el recurso de comunicación social en todos los entes públicos, no obstante, reiteró que determinar cuánto es una facultad de los estados por lo que dijo esperar cómo avanza la controversia para saber si se armonizará o no la ley general a la legislación local.

Los equipos jurídicos de gobiernos estatales y ayuntamientos empezaron sus análisis para controvertir la ley, considerando hasta el momento, dos principios: federalismo, por lo que toca a la autonomía presupuestal que les concede el artículo 115 constitucional, y derecho a la información, por lo que compete a la necesidad de comunicar.

Hasta la primera de febrero se espera que al menos 320 municipios demanden su invalidez ante la SCJN.

Los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron el 15 de diciembre la Ley General de Comunicación Social que, junto con la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, forman parte del paquete conocido como “Plan B” de la reforma electoral.

Ayuntamientos agrupados en la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC) coinciden en que el bajísimo tope de gasto en comunicación social, de 0.1 por ciento de su presupuesto en publicidad, atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por su parte, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, anunció que Lerdo se suma al amparo colectivo que promueve la Asociación de Municipios de México (AMMAC) contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Nos llegó la invitación por parte de la AMMAC para ver la posibilidad de que pudiéramos sumarnos a presentar un amparo, para que eso nos permita que el Poder Judicial nos otorgue ese beneficio y el presupuesto que etiquetamos para este ejercicio 2023 y poder ejercer el recurso correspondiente a lo que cada año se destina”, dijo el alcalde.

Al igual que el Congreso de Guanajuato, los municipios de Irapuato y León se sumaron a la lista de ayuntamientos que presentaron una controversia constitucional en contra de la reforma a la Ley.

A su vez, la Sindicatura del Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, presentó dicho recurso ante la SCJN, para preservar la libertad hacendaria y el principio de autonomía gubernamental.