Por Bruno Cortés
El clima político en México se calienta. El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, ha dado la voz de alarma al informar que los 71 miembros de su grupo parlamentario han presentado un amparo contra la reciente reforma al Poder Judicial. ¿Y qué significa esto para el ciudadano de a pie? Bueno, es un tira y afloja sobre cómo se hacen las leyes y quién tiene el control de la justicia en el país.
Téllez explicó que este amparo ya fue admitido por un juzgado y que pronto se espera una decisión que podría suspender la reforma. La razón detrás de esto son lo que él llama «vicios» en el proceso legislativo. En términos simples, ellos alegan que la reforma se aprobó en condiciones muy sospechosas, desde el lugar donde se llevó a cabo la votación hasta la falta de un registro claro de quién estuvo presente en la sesión. Esto, para ellos, es un ataque a los principios de legalidad y certeza, fundamentales para que cualquier reforma tenga validez.
Durante la sesión, que se realizó en una unidad deportiva debido a bloqueos en el recinto oficial, Téllez afirmó que no se siguieron las reglas básicas de transparencia. Sin un quórum confirmado y sin un registro adecuado, la aprobación de la reforma no debería contar, según los diputados del PAN. En respuesta a esto, están buscando que el Instituto Nacional Electoral (INE) detenga el proceso de elección de nuevos jueces, magistrados y ministros, en un intento por congelar lo que consideran un proceso problemático.
Además, el diputado anticipó que su partido está preparando una acción de inconstitucionalidad, que es un recurso legal para cuestionar la validez de la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque no tienen el número suficiente de votos para hacer esto por sí solos, apelarán al “derecho de las minorías”, buscando apoyo de otros partidos como el PRI y Movimiento Ciudadano.
Hasta ahora, se han registrado al menos siete suspensiones judiciales contra esta reforma, pero el problema es que las autoridades no han hecho caso a estas órdenes. Téllez advierte que esto podría sentar un grave precedente de desacato en el país, lo que afecta la confianza en el sistema judicial y en la separación de poderes.
Y si las cosas no mejoran, el PAN no se detendrá ahí. Tienen planes de llevar este tema a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Según Téllez, el Estado mexicano no puede ignorar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y autonomía del Poder Judicial.
En resumen, lo que está en juego es más que una reforma; se trata del futuro de la justicia en México y de cómo se toman las decisiones que afectan a todos. La batalla legal está en marcha, y los ciudadanos tienen que estar al tanto, porque al final del día, lo que suceda aquí puede tener repercusiones para todos.