Por Bruno Cortés
En un giro importante en la política mexicana, el partido Movimiento Ciudadano (MC) ha decidido llevar su voz a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla anunció que presentarán una petición para revisar la reforma que afecta a la Guardia Nacional (GN), buscando frenar la creciente militarización del país. Esta decisión surge tras la reciente declaratoria constitucional de la reforma, que ha encendido alarmas sobre la seguridad pública y la vida civil en México.
Ballesteros destacó que la seguridad debe ser responsabilidad de civiles, no de las fuerzas armadas. En una rueda de prensa, recordó cómo la coordinadora de MC, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, decidió no asistir a la sesión sobre la reforma, al considerar que la estrategia actual de seguridad ha sido un completo fracaso. “No queremos ser parte de una estrategia que solo ha traído más muertes y desapariciones”, afirmó con firmeza.
Desde 2016, MC ha mantenido una postura clara contra la militarización. Según Ballesteros, en los últimos 14 años, los asesinatos en México han aumentado más de un 300%, y durante el gobierno actual, las desapariciones han subido un 36%. Ella argumenta que, a pesar de las promesas de Morena de poner fin a la militarización, la realidad ha sido otra. En lugar de disminuir la violencia, la estrategia actual ha perpetuado el sufrimiento de la población.
Este tema se vuelve aún más delicado cuando se considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucional una reforma similar del gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018. Sin embargo, con la nueva reforma, los militares podrían intervenir en tareas civiles, incluso en tiempos de paz, algo que muchos ven como un peligro para los derechos humanos.
La diputada también hizo eco de varios casos trágicos, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y otros incidentes violentos que han marcado la historia reciente del país. “Cuando el ejército actúa sin contrapesos, el resultado es devastador”, advirtió, recordando que la intervención militar debe ser excepcional y siempre supervisada por autoridades civiles.
Con este trasfondo, MC ha decidido acudir a la CIDH, buscando no solo cuestionar la reforma, sino también exigir medidas urgentes para proteger la seguridad de los ciudadanos. Ballesteros concluyó que la situación es grave y erosiona la estabilidad de la democracia en México. “Es momento de levantar la voz y exigir un cambio real”, finalizó, dejando claro que la lucha por una seguridad civil y efectiva continúa.