La lucha contra la violencia política de género: un paso hacia la igualdad en la política mexicana

En México, uno de los temas que sigue ganando relevancia dentro de la política es la violencia política de género. Un tema que, aunque parece distante para muchas personas, afecta directamente el ejercicio de derechos fundamentales de las mujeres dentro del ámbito político. Este fenómeno se da cuando mujeres que desean o están en el ejercicio de cargos públicos sufren conductas que buscan limitar su participación o incluso violentarlas, simplemente por ser mujeres.

Recientemente, durante un curso convocado por la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy, se abordó el tema de la violencia política de género con la participación de expertos en la materia, quienes señalaron los mecanismos y formas de identificar y erradicar este problema para así avanzar hacia una mayor equidad dentro de la vida pública. Dora Alicia Martínez Valero, asesora legislativa en litigio estratégico, explicó que la violencia política de género no es un tema menor, ya que se trata de una vulneración de los derechos políticos electorales de las mujeres. Esto va más allá de la violencia de género común que puede suceder entre particulares; en este caso, se da en un espacio público y tiene como fin bloquear o limitar el acceso de las mujeres a los procesos políticos.

La violencia política puede ser ejercida por diversos actores, como agentes estatales, superiores jerárquicos, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, medios de comunicación, e incluso, en algunos casos, por otros grupos o personas fuera de estos entornos. Las formas de violencia que se ejercen son diversas y abarcan desde lo psicológico, lo físico, lo sexual, lo patrimonial, hasta la violencia mediática o digital. La violencia política de género se inserta dentro de este abanico, buscando principalmente afectaciones en los derechos electorales de las mujeres.

Martínez Valero también destacó que el estado de Oaxaca es uno de los más afectados por este tipo de violencia, dado que en muchas comunidades persisten sistemas normativos internos que limitan la participación política de las mujeres. En algunos casos, incluso se les impide ocupar ciertos cargos o se les niega acceso a la justicia, afectando gravemente sus derechos políticos.

Erika Estrada Ruiz, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, también señaló lo complicado que es identificar este tipo de violencia, sobre todo cuando se presenta en formas simbólicas o invisibles, como los techos de cristal. Sin embargo, remarcó que las mujeres pueden y deben acudir a las autoridades electorales para recibir apoyo cuando se detectan estas violencias. Hoy en día, las mujeres tienen mayores oportunidades de ejercer el poder, pero también enfrentan obstáculos para hacerlo, por lo que es esencial saber cómo reconocer estas conductas y actuar en consecuencia.

En este sentido, la capacitación y el conocimiento de los mecanismos legales y de denuncia son fundamentales. Las víctimas pueden hacer una denuncia formal, aportando las pruebas que tengan, y recibir orientación para seguir el proceso adecuado. Además, es importante resaltar que las reformas legales implementadas en abril de 2020, a través de 11 leyes, tipificaron la violencia política de género, con el objetivo de garantizar que la política no sea un campo donde las mujeres deban poner en riesgo su integridad física o la de sus familiares.

La magistrada Claudia Valle Aguilasocho, presidenta de la sala regional Monterrey, explicó que estas reformas buscan mandar un mensaje claro: ninguna mujer debe sufrir violencia por el simple hecho de ejercer su derecho a participar en la vida política. Cualquier acción que limite sus derechos políticos, solo por ser mujer, es considerada violencia política de género, y debe ser tratada con la perspectiva de género que las circunstancias requieren.

La lucha por la paridad no solo debe centrarse en lograr la inclusión de las mujeres en cargos políticos, sino también en garantizar que su participación no se vea empañada por la violencia, el acoso o la discriminación. La clave para lograr esto está en la identificación temprana, la denuncia, y el compromiso de las instituciones para erradicar este fenómeno y garantizar un espacio político libre de violencia para todas las personas.