La Impunidad Reina en Casos de Violencia Digital en la Ciudad de México
Editor web Maya Comunicación 
Ciudad de México, 19 de febrero del 2024.- Un informe reciente expuesto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) revela una preocupante realidad: de tres mil denuncias presentadas desde el año 2020 por violencia digital, apenas un tres por ciento ha conseguido llegar a juicio para recibir una sentencia condenatoria. Este dato, obtenido mediante una solicitud de transparencia por El Sol de México, resalta la enorme brecha entre la presentación de denuncias y la efectiva administración de justicia en casos de delitos contra la intimidad sexual.
La legislación actual sanciona la distribución no consentida de material íntimo con penas de cuatro a seis años de prisión, además de multas significativas. Sin embargo, el año 2023 marcó un pico en la cantidad de investigaciones iniciadas, con 942 casos, de los cuales solo 51 alcanzaron la etapa de juicio. La tendencia continúa en 2024, con 71 denuncias ya presentadas y apenas cuatro vinculaciones a proceso.
El caso de Diego N, un estudiante del IPN acusado de poseer y difundir fotos íntimas de mujeres mediante inteligencia artificial, destaca entre estos. Ocho estudiantes lo denunciaron por comercializar imágenes íntimas alteradas de compañeras, lo que ha llevado a su prisión preventiva y a un posible veredicto de hasta nueve años de cárcel.
La abogada Valeria Martínez y la especialista en derecho Leticia Enriquez Valerio señalan los enormes desafíos que enfrenta el sistema de justicia para procesar estos delitos. Enriquez Valerio critica la falta de policías de investigación especializados en ciberdelitos, lo que complica la recolección y análisis de pruebas. Además, menciona que los procesos investigativos son dolorosos y revictimizantes, lo que desanima a muchas víctimas a seguir adelante con sus casos.
La prevalencia de la violencia digital, agudizada por prácticas como el sexting y la manipulación de imágenes con inteligencia artificial, subraya la urgente necesidad de medidas más efectivas. A pesar de las reformas legales como la Ley Olimpia, destinadas a combatir estos delitos, la impunidad sigue siendo la norma, dejando a las víctimas en un estado de indefensión y vulnerabilidad en el ámbito digital.
