La huella de Ayotzinapa: Un decenio de lucha, impunidad y cambios de discurso
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
A punto de cumplirse diez años de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, las calles de México vuelven a llenarse de protestas y clamores de justicia. Aquel trágico 26 de septiembre de 2014, la historia del país se transformó, desnudando un sistema marcado por la corrupción y la impunidad. Pero hoy, a medida que se acerca esta fecha dolorosa, el ambiente se torna tenso, no solo por la memoria de los jóvenes desaparecidos, sino por el descontento creciente hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió esclarecer los hechos y, hasta ahora, ha dejado en el aire más preguntas que respuestas.
La comunidad se ha alzado en contra del mandatario, señalando un aparente retroceso en las investigaciones que rodean este caso emblemático. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se han registrado más de 3,000 desapariciones forzadas desde que López Obrador asumió la presidencia, lo que provoca que muchas voces se cuestionen si el actual gobierno realmente está comprometido con la justicia o si, por el contrario, ha adoptado un enfoque de desdén hacia este doloroso capítulo de la historia reciente.
López Obrador ha cambiado su discurso a lo largo de los años, intentando exonerar al Ejército Mexicano de cualquier responsabilidad en el caso Ayotzinapa. Esta postura ha sido criticada, especialmente por familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos que ven en ella un intento de ocultar la verdad. En su intento de limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas, el presidente ha hecho referencia a la participación de organizaciones internacionales en la investigación, acusándolas de desprestigiar a las instituciones mexicanas.
El eco de la frustración se siente en las palabras de Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los estudiantes desaparecidos. En 2017, durante un evento en Nueva York, Tizapa confrontó a López Obrador, preguntándole por sus vínculos con Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, y José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala. La respuesta del entonces candidato fue despectiva: “No seas provocador”, invitando a Tizapa a dirigir su enojo hacia el Ejército y el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Esta situación refleja no solo la falta de empatía hacia las familias de las víctimas, sino también una política de evasión ante la verdad.
Las declaraciones de López Obrador no solo fueron recibidas con indignación por los padres de las víctimas, sino también por su propio equipo. Eduardo Sánchez, entonces portavoz del gobierno, catalogó las palabras del presidente como «falsas e injustas», defendiendo al Ejército como una institución compuesta por hombres y mujeres que “vienen del pueblo” y que, según él, merecen respeto y gratitud.
Sin embargo, a diez años de estos trágicos eventos, el clamor de justicia resuena con más fuerza. Las movilizaciones recientes en diversas ciudades del país, donde miles de personas exigen respuestas y justicia, son una muestra de que el pueblo no olvida. La frustración crece al ver que la promesa de esclarecer los hechos y traer a los responsables ante la justicia parece más lejana que nunca.
La desconfianza hacia las instituciones y los discursos políticos se intensifican, y cada vez son más los que cuestionan la efectividad de las políticas del actual gobierno en la búsqueda de justicia para las víctimas. Las familias de los 43 estudiantes continúan su lucha, uniendo fuerzas con diversas organizaciones y sectores de la sociedad civil para exigir respuestas y verdad.
En este contexto, es esencial reflexionar sobre el papel del Estado y la sociedad en la búsqueda de justicia. ¿Puede un cambio de discurso en el gobierno traer consigo la verdad que se ha evadido durante tanto tiempo? La historia de Ayotzinapa es un recordatorio sombrío de que la justicia no solo debe ser un compromiso político, sino una exigencia social.
La lucha por la verdad y la justicia no debe cesar, y con cada aniversario de la tragedia, el país debe recordar que la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos vive en cada voz que exige justicia.
