Por Bruno Cortés
El municipio de San Joaquín, Querétaro, es conocido por su tranquilidad y su gente trabajadora, pero ahora es escenario de una denuncia que ha sacudido la región. El diputado Gilberto Herrera Ruiz, de Morena, alzó la voz esta semana para denunciar un fraude que ha afectado a 50 familias de la localidad. El responsable, según el legislador, es Mariana Garduño Erguin, exregidora del PAN, quien habría prometido viviendas subsidiadas a cambio de una importante suma de dinero que las familias nunca recibieron.
En conferencia de prensa, Herrera Ruiz no solo lamentó la situación, sino que también acusó a la Fiscalía de Querétaro de proteger a la exfuncionaria, quien, según él, engañó a los ciudadanos más vulnerables del estado con una falsa promesa de vivienda. «No puede quedar impune», fue el llamado urgente del diputado, quien instó a las autoridades a investigar el caso y dar con la responsable.
A su lado, un grupo de mujeres de San Joaquín, entre ellas Esther Sánchez Sánchez, Olga Sánchez Briseño y María Guadalupe Jiménez, relataron cómo, durante su tiempo como regidora (de 2021 a 2024), Mariana Garduño, junto con su equipo, ofreció viviendas subsidiadas a cambio de pagos que iban desde los 40 mil hasta los 60 mil pesos. Pero al final, lo único que recibieron a cambio fue promesas vacías. Incluso se les pidió construir mamposteo en los terrenos como parte de los requisitos, pero nada de eso resultó en una casa.
Las denuncias no solo afectan a las 50 familias engañadas, sino también a la comunidad en general, que ahora se siente desprotegida. María Guadalupe Jiménez, una de las principales afectadas, relató cómo el fraude destruyó el patrimonio de su familia. «Lo único que construimos fue un camino a una deuda impagable», dijo, explicando que su familia tuvo que enfrentarse a una crisis económica que incluso obligó a su esposo a emigrar al norte del país. Para ella, el daño fue más allá del dinero perdido, ya que se sintió despojada de su paz y su estabilidad.
La indignación crece, ya que no solo se sienten traicionados por Garduño, sino también por autoridades como el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, la senadora Sonia Rocha, y varios diputados locales, quienes nunca escucharon sus denuncias ni intervinieron en el asunto. Para muchos, la falta de acción de estas figuras políticas resalta el abandono que sufren los más necesitados en momentos de crisis.
El llamado es claro: que la Fiscalía de Querétaro actúe, que se logre la justicia para estas familias y que el fraude no quede impune. Las voces de los afectados se levantan con fuerza, buscando una reparación a un daño que va mucho más allá del dinero, y que ha dejado heridas profundas en esta comunidad queretana.