La Guardia Nacional en Manos de los Militares: ¿Un Paso Adelante o Hacia la Militarización?
Editor web Maya Comunicación 
Por Bruno Cortés
Esta mañana, el Senado mexicano dio un giro significativo en el manejo de la seguridad pública al aprobar con una amplia mayoría la reforma que traspasa la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 86 votos a favor, entre los que se encuentra el del panista Miguel Ángel Yunes, y 42 en contra, la reforma ha desatado un intenso debate sobre el futuro de la seguridad en el país.
La discusión, que se extendió por casi nueve horas, fue un crisol de opiniones. Desde la bancada de Morena, el senador Adán Augusto López defendió la medida diciendo que es momento de dar apoyo a la Guardia Nacional en su lucha contra el crimen organizado. “Seamos honestos, las policías locales y municipales no funcionan”, argumentó, resaltando la necesidad de confiar en las Fuerzas Armadas y su estrategia de seguridad. Para él, la reforma no representa una militarización, sino una oportunidad para profesionalizar el trabajo policiaco, comparando la situación de México con la de otros países como Francia y Argentina, donde el ejército también juega un papel en la seguridad.
Sin embargo, la oposición, principalmente el Partido Acción Nacional (PAN), no se hizo esperar. Senadores como Ricardo Anaya y Marko Cortés expresaron su preocupación, señalando que la militarización de la seguridad ha sido un problema desde el sexenio de Felipe Calderón. Cortés argumentó que el aumento de la violencia, que supera los 200,000 homicidios en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, demuestra que “la militarización no es la solución”. Además, sugirió que delitos relacionados con el narcotráfico deberían tipificarse como terrorismo para un enfoque más efectivo.
La reforma también estipula que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, con un enfoque claro en que el personal de la GN tendrá un origen militar pero con formación policial. Esto, según la minuta del dictamen, busca asegurar que las instituciones de seguridad pública sean “disciplinadas, profesionales y de carácter civil”.
El Congreso, por su parte, tendrá la responsabilidad de expedir leyes que regulen la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública. Esta nueva dirección en la política de seguridad plantea preguntas importantes sobre cómo se equilibrará la seguridad con la protección de los derechos civiles.
En medio de este cambio, el sentimiento es agridulce. Para algunos, la militarización de la Guardia Nacional podría ser la solución ante la creciente violencia; para otros, es un paso preocupante hacia un estado donde los militares tomen un papel central en la vida diaria de los ciudadanos. El tiempo dirá si esta medida será realmente una estrategia efectiva para enfrentar el crimen o si, por el contrario, profundizará los problemas que ya enfrenta el país en materia de seguridad.
