Por Bruno Cortés
En el laberinto de la política mexicana, donde cada movimiento tiene un eco en los pasillos del poder, la reforma del Infonavit se ha convertido en el escenario de una batalla silenciosa pero intensa. Estamos en diciembre de 2024, y el aire huele a cambio, pero también a controversia.
La propuesta de reforma, que promete una limpieza de la corrupción y una mayor transparencia, ha sido aplaudida por algunos como un avance necesario. Sin embargo, en el corazón de esta reforma hay una jugada política que no todos ven con buenos ojos: la posible eliminación del tripartismo. Hasta ahora, el Infonavit ha funcionado con una representación equilibrada entre gobierno, empresarios y trabajadores. Pero ahora, la balanza podría inclinarse más hacia el lado del gobierno, dando a Morena y a la administración de Claudia Sheinbaum un control casi absoluto sobre las decisiones clave.
Ricardo Monreal, con su característico estilo de diplomacia, ha anunciado un aplazamiento en la discusión de la reforma, prometiendo una mesa de diálogo post-6 de enero con todos los involucrados. «Lo que queremos es construir una ley del Infonavit que derrote a la corrupción y a las malas prácticas», declaró Monreal, enfatizando la intención de construir una legislación que proteja a los derechohabientes y contribuya al desarrollo del país en la construcción de vivienda digna.
En entrevista, Monreal reiteró el compromiso legislativo de trabajar en una ley que «ayude a la población, que ayude a los derechohabientes, y que ayude al desarrollo del país en la construcción de vivienda digna, adecuada para mexicanos y mexicanas trabajadoras». La decisión de posponer el debate hasta 2025, según el legislador, responde a la necesidad de un análisis más profundo y de escuchar a todos los sectores interesados.
Monreal Ávila informó que, entrando el 2025, las comisiones de trabajo de la Comisión de Vivienda revisarán la propuesta y se realizará una convocatoria para «escuchar a los empresarios, sindicatos; a las cámaras, los industriales, y a aquellos que están interesados en esta ley». Aseguró que no hay riesgo para los fondos de los trabajadores, advirtiendo contra gestores y estafadores.
Sobre la posibilidad de modificaciones a la minuta enviada por el Senado, Monreal fue claro: «El hecho de hacer una pausa y estar en un proceso de reflexión y de escuchar a los sectores distintos implica, se los digo con toda seriedad, que puedan sufrir modificaciones». El diputado culminó instando a los sectores a tener confianza en este proceso legislativo, destacando que el aplazamiento refleja una actitud sensible a los reclamos de varios sectores, con el compromiso de escucharlos.
En cuanto a seguridad, el asunto se complica. Con el gobierno buscando blindar sus proyectos, como el millón de viviendas prometido por Sheinbaum, el control sobre los fondos del Infonavit se vuelve no solo una cuestión de administración, sino de seguridad nacional. ¿Cómo se vigilarán estos recursos? ¿Quién garantizará que no se desvíen para otros fines? La reforma plantea que los comités de vigilancia y auditoría estarán dominados por representantes gubernamentales, lo que podría significar menos ojos críticos y más lealtades partidistas.
Y ahí está el nombre de Pedro Haces, flotando entre la controversia. Sin pruebas claras de su implicación directa en esta reforma, su mera mención sugiere que las aguas políticas están más turbias de lo que aparentan. La política mexicana es un juego de ajedrez donde cada pieza tiene su historia, y Haces, con su pasado, es una pieza que muchos quieren fuera del tablero.
En este contexto, la reforma del Infonavit no es solo una cuestión de ley, sino un espejo de la lucha por el poder, la transparencia y la seguridad en México. ¿Estamos ante una verdadera lucha contra la corrupción o simplemente se está reacomodando el poder en manos de unos pocos? Solo el tiempo, y las próximas jugadas políticas, nos lo dirán.