La encrucijada de la Guardia Nacional: ¿Un cambio necesario o un retroceso?
Editor web Maya Comunicación 
La Jabalinada
Por Bruno Cortés
25 de septiembre de 2024
La aprobación de la reforma para integrar la Guardia Nacional exclusivamente con militares en activo, dejando fuera a los militares en retiro y a los marinos, ha despertado un encendido debate en todo el país. La Cámara de Diputados, dominada por Morena y sus aliados, logró pasar la reforma en medio de un ambiente polarizado, donde los argumentos a favor y en contra chocan continuamente. Este nuevo diseño de la Guardia Nacional, propuesta estrella de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pone en la mesa una pregunta crucial para el futuro de la seguridad pública en México: ¿es este el balance adecuado entre la disciplina militar y el enfoque civil?
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional fue concebida como un cuerpo de seguridad que combinara la experiencia militar con la naturaleza civil de las fuerzas del orden. Sin embargo, los resultados han sido dispares. La militarización de la seguridad en México, una estrategia que se intensificó desde los tiempos de Felipe Calderón en 2006, ha dejado cicatrices profundas en la sociedad mexicana. Entre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y abusos de derechos humanos, muchos ciudadanos ven con recelo cualquier movimiento que refuerce el control militar en tareas de seguridad pública. Pero, ¿es posible que esta reforma signifique un cambio hacia un enfoque más disciplinado, pero menos agresivo?
La militarización que no termina de irse
El argumento central de los legisladores de Morena para aprobar esta reforma es la necesidad de contar con una fuerza policial disciplinada, profesional y ajena a los vicios de la corrupción que, según ellos, ha plagado a las corporaciones civiles durante décadas. De acuerdo con Jesús Valdés Peña, uno de los principales impulsores de la reforma, «solo los militares en activo, con su formación estricta y apego a la jerarquía, pueden garantizar que la Guardia Nacional funcione como un cuerpo eficiente y respetuoso de los derechos humanos». Sin embargo, este razonamiento no convence a todos.
Hay quienes temen que esta nueva reforma sea el clavo final en el ataúd de una policía verdaderamente civil y autónoma en México. La exclusión de militares retirados y marinos genera suspicacias, ya que su experiencia podría aportar un enfoque diferente, menos rígido y más orientado a la conciliación con la sociedad civil. ¿Realmente los militares en activo, formados bajo un esquema bélico, podrán adaptarse a las complejidades de la seguridad pública sin caer en el uso excesivo de la fuerza?
El presidente López Obrador ha defendido con uñas y dientes esta reforma, argumentando que es un paso necesario para consolidar a la Guardia Nacional como un cuerpo eficaz y respetuoso de los derechos ciudadanos. Pero sus críticos señalan que su insistencia en mantener a los militares al frente de la seguridad pública es una prueba de que su administración no ha sido capaz de diseñar una estrategia de seguridad más compleja, que involucre a las comunidades y privilegie la prevención por encima de la represión.
Los trabajadores del Poder Judicial: Un grito de resistencia
Mientras la Cámara de Diputados avanzaba con la reforma de la Guardia Nacional, otro frente de batalla se abre en el país. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) han convocado a una movilización histórica para el 1 de octubre de 2024, el día en que Claudia Sheinbaum tomará posesión como presidenta de México. Esta marcha no solo busca reclamar mejores condiciones laborales, sino también enviar un fuerte mensaje sobre la importancia de mantener la independencia del Poder Judicial en tiempos de creciente injerencia del Ejecutivo.
La relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha sido tensa desde los primeros años del sexenio de López Obrador. El presidente ha criticado abiertamente a jueces y ministros, calificándolos de «corruptos» y «al servicio de la mafia del poder». Sin embargo, esta confrontación llegó a un punto álgido con la propuesta de recortes presupuestarios y la eliminación de privilegios que muchos consideran excesivos en el Poder Judicial. La marcha de los trabajadores del PJF es una respuesta a estas amenazas, pero también es un grito de resistencia frente a lo que perciben como un intento de subordinar al Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo.
Esta movilización, que coincide con la toma de posesión de la primera mujer presidenta en la historia de México, agrega un componente simbólico potente. La llegada de Sheinbaum al poder no solo marca un cambio en el liderazgo del país, sino que también plantea interrogantes sobre cómo manejará la relación con el Poder Judicial. ¿Optará por seguir el camino de confrontación trazado por su antecesor o buscará un enfoque más conciliador?
Libia García y la nueva era en Guanajuato
A nivel estatal, otro cambio significativo ocurre en Guanajuato, donde Libia Denisse García Muñoz Ledo tomará posesión como la primera mujer gobernadora del estado. En un país donde la política ha estado tradicionalmente dominada por hombres, la elección de García es un hito en términos de representación femenina. Pero su triunfo no es solo simbólico. Su llegada al poder representa una oportunidad para implementar reformas profundas en áreas clave como la seguridad, la equidad de género y el desarrollo económico.
García, abanderada de la alianza «Fuerza y Corazón por Guanajuato», no tiene un camino fácil por delante. Guanajuato ha sido uno de los estados más afectados por la violencia en los últimos años, y sus propuestas de dividir el estado en nueve regiones de seguridad y fortalecer a las policías municipales serán puestas a prueba desde el primer día de su mandato. Además, su promesa de crear un escuadrón anti extorsión para combatir uno de los delitos más frecuentes en el estado refleja su intención de abordar el problema de raíz.
En cuanto a equidad de género, García ha asegurado que continuará con programas como las «tarjetas rosas», que brindan apoyo económico a mujeres en situación vulnerable. Su agenda también incluye políticas para empoderar económicamente a las mujeres, incentivando a las empresas a contratar a más trabajadoras.
Su mandato será observado de cerca, no solo por los habitantes de Guanajuato, sino por todo el país, ya que su éxito o fracaso podría tener repercusiones en la política nacional. ¿Será capaz de enfrentar los desafíos de seguridad y desarrollo económico de una de las regiones más conflictivas de México?
Ayotzinapa: Diez años de dolor, rabia y frustración
El 24 de septiembre de 2024, a solo unos días del décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Ciudad de México fue testigo de una manifestación que reflejó la indignación acumulada durante una década. Frente al Senado de la República, familiares, amigos y activistas se congregaron para exigir justicia, una demanda que, tras diez años, sigue sin respuesta.
Las marchas conmemorativas de Ayotzinapa siempre han sido tensas, pero este aniversario en particular tuvo un carácter más combativo. Mientras los manifestantes coreaban «¡Nos faltan 43!», encapuchados lanzaron petardos y realizaron pintas en las paredes del Senado. Las imágenes de los vidrios rotos y los muros cubiertos de grafitis se convirtieron en un símbolo de la frustración social ante un sistema que no ha podido (o no ha querido) resolver uno de los casos más emblemáticos de impunidad en México.
El desencanto con las instituciones mexicanas es profundo, y la reciente decisión del Senado de aprobar la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional ha exacerbado aún más las tensiones. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, criticó duramente la medida, señalando que la militarización ha sido una barrera constante para acceder a la verdad sobre lo ocurrido en Iguala en 2014. «No podemos permitir que el Ejército siga controlando la investigación. Necesitamos transparencia, no opacidad», declaró Rosales ante los medios.
AMLO y Sheinbaum: Continuidad y cambio en Sonora
Mientras las tensiones políticas crecen en la Ciudad de México, en el norte del país, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se preparan para inaugurar importantes obras hidráulicas en Sonora. La Presa Santa María, una de las obras más esperadas, es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar el suministro de agua en regiones afectadas por la sequía.
La colaboración entre AMLO y Sheinbaum en este proyecto no es casual. Se trata de una muestra de continuidad en las políticas públicas, donde la infraestructura hídrica sigue siendo una prioridad tanto para el presidente saliente como para su sucesora. Estas obras no solo buscan mejorar la capacidad de riego para miles de productores agrícolas, sino también asegurar el acceso al agua potable para cientos de miles de habitantes.
