Por Bruno Cortés

Mientras el país avanza con discursos de modernidad y promesas de inclusión, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, recién presentado por el Gobierno Federal, parece haberse olvidado de una comunidad entera. No es un tema menor, ni es una omisión inocente. En el Congreso, la diputada Mónica Sandoval Hernández, del PRI, alzó la voz tras el transfeminicidio de Sara Millerey González, ocurrido en Colombia, y aprovechó para señalar lo que muchos han callado: la comunidad LGBTTTIQ+ no existe en el papel del futuro nacional.

Sí, así como lo lees. En un documento que debería reflejar los ejes rectores del desarrollo del país para los próximos cinco años, no hay una sola mención clara, directa o comprometida con las personas trans, ni con los derechos de la diversidad sexual. Y esto no solo es grave: es peligroso.

Sara Millerey no murió en México, pero su muerte resuena fuerte aquí. Porque México es el segundo país de América Latina con más transfeminicidios, solo detrás de Brasil. En los últimos tres años, más de 70 mujeres trans han sido asesinadas solo en nuestro país. Y lo peor es que, según activistas y diputadas, estos crímenes no solo son ignorados: muchas veces ni siquiera se registran como lo que son.

En una rueda de prensa que pareció más una exigencia de justicia que un acto político, Sandoval, acompañada de activistas como Denise Valverde y Megan García, denunció que el Gobierno le dio la espalda a una comunidad históricamente vulnerada. Se habló de ausencia de protocolos, falta de acceso a salud especializada, educación inclusiva y empleo digno. ¿Qué significa eso? Que las personas trans siguen enfrentando la vida sin respaldo institucional, en un país donde ser diferente puede costarte la vida.

Pero no todo es lamento. La diputada, quien también es secretaria de la Comisión de Diversidad, adelantó que trabajará en reformas concretas para visibilizar y proteger a las mujeres trans, y que ya arrancaron mesas de trabajo con colectivas, activistas y organizaciones para armar una iniciativa que parta desde la comunidad misma. La consigna es clara: “Nada sobre nosotras sin nosotras”.

Por otro lado, las propuestas van más allá de lo legislativo. Se habló de crear una Fiscalía especializada para investigar crímenes contra personas trans, un registro nacional de personas trans vinculado a las autoridades de seguridad, y un Instituto de la Diversidad Sexual que ofrezca acompañamiento legal y psicológico, además de refugios, acceso a vivienda digna y oportunidades laborales reales.

Las activistas fueron contundentes: “Nos vamos a defender unas con otras. Aquí vamos a poner barreras. Nosotras nos queremos, y nos queremos vivas”. Porque el transfeminicidio de Sara fue un mensaje cruel, pero la respuesta ha sido firme: la lucha no va a parar.

Y es que, en un país donde lo político suele quedarse en el discurso, estas mujeres están transformando el Congreso en un espacio de exigencia real. Porque un plan de desarrollo sin justicia, sin igualdad y sin reconocimiento a todas las identidades, no es un plan: es una omisión institucional.