Por Juan Pablo Ojeda
La Casa Blanca reafirmó su postura sobre la política de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, tras el bloqueo judicial impuesto por el juez James Boasberg. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, calificó de «activistas partidistas» a los jueces que han intentado frenar las acciones de la administración Trump, advirtiendo que seguirán luchando en los tribunales para continuar con su agenda de deportaciones masivas.
Leavitt subrayó que los jueces que bloquean las políticas de Trump están socavando tanto la voluntad del presidente como la del pueblo estadounidense que eligió al mandatario para implementar tales medidas. La portavoz también señaló que el gobierno no permitirá que estos intentos frenen la implementación de políticas de deportación y reiteró que la administración continuará con las deportaciones, incluyendo a miembros de grupos como el Tren de Aragua, a pesar de la orden judicial.
Trump, por su parte, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798, para acelerar las deportaciones de supuestos miembros de la banda criminal transnacional. A pesar de la falta de pruebas presentadas hasta el momento, la administración ha deportado ya a más de 200 venezolanos a El Salvador, que aceptó encarcelarlos.
La controversia se intensificó cuando el congresista republicano Brandon Gill inició un proceso de destitución contra Boasberg, aunque los expertos señalan que las posibilidades de éxito son mínimas, ya que se necesitaría el apoyo de dos tercios del Senado para destituir al juez.
