Por Juan Pablo Ojeda

«Me vuelvo a dirigir a usted… aún no pierdo las esperanzas de acceder a la justicia que usted pregona», escribe el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en su segunda carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum desde el penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. El tono es de urgencia y reclamo; el destinatario es la figura que, según el mando naval, tiene el poder de detener lo que califica como una «vulneración sistemática» a sus derechos fundamentales.

El vicealmirante se encuentra atrapado en un laberinto legal donde la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República parecen ser los muros. Farías Laguna alega que su detención, ocurrida hace ocho meses, fue el clímax de una exhibición mediática que lo sentenció antes de pisar el juzgado. Este choque entre la narrativa oficial del combate al huachicol y la defensa individual del honor militar es el eje de su resistencia jurídica.

Los nombres de las instituciones resuenan en la misiva: SEMAR y FGR son señaladas como las responsables de ocultar la información que probaría su inocencia. El vicealmirante insiste en que no existen pruebas contundentes en su audiencia de vinculación (causa 325/2025), y que la incertidumbre jurídica es el resultado de un proceso donde se le ha negado sistemáticamente el acceso a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDRPIFAME-CDMX/0000568/2024.

«Tengo las suficientes pruebas para sustentar lo que aquí le expreso bajo protesta de decir verdad», afirma Farías Laguna, posicionándose no como un delincuente, sino como una víctima de arbitrariedades administrativas. Su solicitud de intervención directa a Sheinbaum busca romper el cerco impuesto por quienes, según él, pretenden reservar por seguridad nacional información que es vital para su libertad.

El drama se extiende a su familia, mencionada en la carta como receptora de las injusticias derivadas de su reclusión. El vicealmirante utiliza las propias palabras de la presidenta, citando las «conferencias del pueblo», para exigir congruencia entre el discurso gubernamental y la realidad de las prisiones mexicanas, donde la presunción de inocencia suele ser la primera baja en los casos de alto impacto.

La defensa del vicealmirante enfrenta un bloque sólido: la acusación de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos es una de las más pesadas en el código penal actual. Sin embargo, la insistencia de Farías Laguna en que no hay «tiempo, modo y lugar» en las acusaciones en su contra sugiere una debilidad en la estructura del caso que la FGR ha construido desde septiembre de 2025.

La misiva concluye con un saludo cordial pero firme, dejando la pelota en la cancha de la mandataria. El caso del vicealmirante Farías Laguna es ahora un testimonio de la lucha por el debido proceso en un México que intenta limpiar su imagen de corrupción, pero que, en el camino, se enfrenta a voces que claman desde el encierro por una legalidad que parece estar bajo llave.