CDMX a 30 de julio, 2024.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha circulado un proyecto de dictamen que busca la desaparición de seis órganos autónomos en México: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Este movimiento busca transferir sus funciones a diversas dependencias gubernamentales, consolidando un cambio significativo en la estructura administrativa del país.
Este proyecto de dictamen se deriva de una de las 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. A pesar de haber realizado foros para analizar estas propuestas, el documento no ha sido sometido a cambios significativos y se discutirá en agosto. La propuesta modifica varios artículos de la Constitución para facilitar esta centralización.
Cambios Específicos y Sus Implicaciones
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): Sus funciones serán transferidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE): La Secretaría de Economía asumirá sus funciones de garantizar la libre competencia en los mercados.
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE): Serán absorbidas por la Secretaría de Energía, que tomará control de la regulación técnica y económica en el sector energético.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): Sus funciones serán distribuidas entre la Secretaría de la Función Pública, el órgano de control del Poder Judicial y las contralorías del Congreso de la Unión.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumirá sus funciones de medición de la pobreza y evaluación de programas sociales.
El proyecto argumenta que estos órganos autónomos carecen de legitimidad democrática y no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales. Según el dictamen, estos organismos han garantizado intereses privados y su desaparición permitirá una mejor asignación de recursos. Se señala que los 32.3 millones de pesos asignados a estos órganos entre 2018 y 2024 podrían equivaler a 5 millones de pensiones bimestrales para adultos mayores.