La búsqueda de justicia para las víctimas de desaparición forzada en México ha tomado un giro conmovedor con el reciente hallazgo en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Karina Montero Hernández, miembro del Colectivo Solecito de Veracruz, ha confirmado que al menos seis personas originarias de Veracruz han sido identificadas a través de las pertenencias encontradas en el lugar, que se presume es un campo de adiestramiento utilizado por el crimen organizado.

La Fiscalía del Estado de Jalisco compartió más de mil fotografías de objetos personales, tales como mochilas, ropa y zapatos, encontrados en el rancho, en el que se sospecha que fueron reclutadas personas para el crimen organizado. Según Montero Hernández, los familiares de las víctimas pudieron reconocer las pertenencias y confirmar su identidad, lo que ofrece una mínima pero importante esperanza para aquellos que luchan por saber qué ha ocurrido con sus seres queridos.

“Sí hay veracruzanos ahí, algunos ya están identificados y pues vamos a seguir en contacto para allá”, comentó la activista. Sin embargo, subrayó que la investigación continúa, por lo que el número de personas identificadas podría aumentar conforme avancen las investigaciones.

Acusaciones de Exclusión Durante las Diligencias

El caso se ha complicado por las tensiones entre el colectivo y las autoridades. El Colectivo Solecito de Veracruz, que ha sido clave en las búsquedas y denuncias por desapariciones, ha denunciado la exclusión de sus miembros en las revisiones del rancho Izaguirre. A pesar de su trabajo de campo, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió limitar la presencia de observadores y sólo permitir la participación de personal oficial durante las diligencias, una medida que ha generado molestia entre las víctimas y sus familias.

En un documento firmado por el comisionado de Búsqueda de personas de Jalisco, Víctor Hugo Ávila Barrientos, se explicó que la FGR dictó la decisión de restringir la presencia del colectivo durante las revisiones en el rancho. Este hecho fue criticado fuertemente por el colectivo, que lo calificó de “inadmisible” y violatorio de sus derechos como víctimas.

“No aceptaremos más simulación por parte del gobierno”, expresó el colectivo en un mensaje publicado en sus redes sociales, evidenciando la frustración por la falta de empatía y transparencia en el proceso.

Un Tema de Inmensa Relevancia

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de desapariciones forzadas en México, un problema grave que ha afectado a miles de familias en todo el país, especialmente en regiones como Veracruz, Jalisco y otras áreas controladas por organizaciones criminales. Las víctimas, muchas veces, son secuestradas y sometidas a reclutamientos forzados para trabajar en actividades ilícitas o para ser víctimas de la violencia. Este tipo de casos subraya la creciente importancia de que las autoridades garanticen transparencia y respeto por los derechos humanos en las investigaciones.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen luchando para encontrar respuestas y justicia en un sistema judicial que, en ocasiones, parece no responder con la urgencia y seriedad necesarias.