Por Bruno Cortés
La diputada federal Lorena Piñón Rivera del PRI ha hecho un fuerte anuncio: los legisladores de su partido no asistirán a la sesión en San Lázaro para la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la Guardia Nacional. Este movimiento no es solo un simple gesto; es una firme protesta política que refleja el desacuerdo del PRI con reformas que, según ellos, amenazan la democracia en México.
Piñón, originaria de Veracruz, enfatizó que está comprometida con sus votantes. “Veracruz tiene un legado liberal y una fuerte tradición de división de poderes”, explicó. Esta declaración muestra la conexión entre la política local y la nacional, donde la diputada ha votado en contra de reformas que afectan la autonomía del Poder Judicial y ahora también contra esta militarización.
La diputada dejó claro que la militarización de la seguridad pública es un tema que les preocupa profundamente. Argumentó que depender de una fuerza entrenada para el uso letal, como el ejército, va en contra de los principios fundamentales de una sociedad democrática. “Esto pone en riesgo las garantías individuales de todos los mexicanos”, señaló, resaltando que su partido defiende los derechos humanos y los tratados internacionales que México ha firmado.
Lamentó que la mayoría del partido Morena esté utilizando su poder para, en su opinión, revertir las libertades democráticas y establecer un régimen más autoritario. “Esta reforma no solo es un retroceso en materia de seguridad, sino un paso peligroso hacia la erosión de nuestro sistema democrático”, enfatizó. Piñón reiteró el compromiso del PRI con la defensa de la Constitución y de los derechos de todos los ciudadanos.
Con este tipo de declaraciones, la diputada no solo está abogando por su partido, sino también lanzando un llamado a la sociedad para que se mantenga atenta a las decisiones que se toman en el Congreso. En un momento donde la militarización de la seguridad se vuelve un tema central, las voces como la de Lorena Piñón son cruciales para recordar que la democracia y los derechos humanos deben ser prioridad en cualquier estrategia de seguridad.