Por Juan Pablo Ojeda
En un revelador informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que, durante el ejercicio fiscal de 2023, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (Beca Benito Juárez) otorgó pagos a 486 estudiantes que ya habían fallecido, sumando un total superior a un millón de pesos. Este hallazgo expone graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos destinados a la educación, generando serias preocupaciones sobre la transparencia y el control de los fondos federales.
Según el reporte de la ASF, se llevó a cabo una exhaustiva comparación entre los registros de fallecimientos proporcionados por el Registro Nacional de Población (Renapo) y el padrón de beneficiarios de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). El resultado fue alarmante: 513 pagos fueron realizados a 486 estudiantes después de su deceso, por un monto total de 1 millón 61 mil pesos.
Además, la auditoría reveló que, al comparar los registros de los beneficiarios de la beca con las matrículas de los estudiantes inscritos en diversas instituciones educativas adscritas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), se identificaron pagos irregulares a un total de 19,984 alumnos. Estos pagos, por un importe de 101 mil 314 pesos, no se corresponden con las matrículas oficiales de las instituciones educativas correspondientes, lo que aumenta la preocupación sobre la distribución adecuada de estos recursos.
La ASF también destacó que, aunque la CNBBBJ realizó confrontas con el Renapo en el primer y segundo semestre de 2023, y logró excluir a los beneficiarios fallecidos, se identificaron 110 pagos a 106 estudiantes que aún así recibieron el beneficio después de su muerte, sumando una cifra de 374,500 pesos.
Este incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que prohíbe el uso indebido de recursos públicos, plantea la posibilidad de un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, cuyo monto se estima en 374,500 pesos.
Conclusión
Este informe de la ASF pone de manifiesto la urgente necesidad de revisar y corregir los mecanismos de control en los programas sociales, especialmente aquellos destinados a la educación, para evitar que recursos federales sean mal gestionados o lleguen a manos equivocadas. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser prioritarias para garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los estudiantes que los necesitan y no a quienes ya no pueden aprovecharlos.
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