La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, criticó la posibilidad de reducir el calendario escolar en México y advirtió que cerrar escuelas afectaría directamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad.

Durante una entrevista con medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora sostuvo que si la autoridad educativa reconoce que existen semanas del calendario escolar que no están siendo aprovechadas pedagógicamente, la solución no debe ser suspender clases, sino reorganizar el sistema educativo.

“Si la propia autoridad educativa sabe que hay semanas del calendario que no se están aprovechando, entonces la respuesta no debe ser cerrar las escuelas; la respuesta debe ser reorganizar el sistema educativo con tiempos congruentes a la altura de la calidad educativa que los niños necesitan en nuestro país”, afirmó.

Las declaraciones de la diputada ocurren en medio del debate sobre posibles ajustes al ciclo escolar relacionados con el Copa Mundial de la FIFA 2026 y las altas temperaturas registradas en diversas regiones del país.

López Rabadán aseguró que, más allá de diferencias políticas o institucionales, el país necesita fortalecer la educación y no reducir el tiempo de aprendizaje en las aulas. En ese sentido, subrayó que el interés superior de la niñez obliga a las autoridades a priorizar los derechos educativos de los menores.

“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y a un desarrollo integral. Hoy ese derecho exige más atención, no menos clases”, expresó.

La legisladora también alertó sobre el retroceso educativo que enfrenta México y recordó los resultados de la prueba Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes de 2022, en la que el país mostró caídas en matemáticas, lectura y ciencias respecto a la edición de 2018.

Según señaló, uno de los datos más preocupantes es que solo uno de cada tres estudiantes mexicanos alcanza el nivel mínimo esperado en matemáticas, lo que significa que dos de cada tres jóvenes carecen de herramientas básicas para resolver problemas simples.

“México está perdiendo asistencia, permanencia y aprendizaje; el fútbol y el calor no pueden ser causales para dejar a las niñas y los niños en indefensión educativa”, sostuvo.

La diputada explicó que ha recibido numerosos mensajes de madres y padres de familia preocupados por una eventual reducción de clases. Indicó además que las mujeres serían las más afectadas por una medida de este tipo, debido a que suelen asumir mayoritariamente las responsabilidades de cuidado infantil.

López Rabadán reveló que incluso abordó personalmente el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum durante un evento oficial realizado este lunes. Según relató, la mandataria le respondió que el asunto está siendo revisado.

“Le comenté a la presidenta y sí me dijo que están en esa revisión”, señaló.

La legisladora insistió en que reducir semanas escolares no resolvería problemas logísticos relacionados con el Mundial de futbol ni con las condiciones climáticas, y advirtió que la medida podría profundizar la deuda educativa que el Estado mantiene con millones de estudiantes.

También cuestionó las declaraciones del secretario de Educación Pública respecto a que existen semanas del calendario donde ya no hay contenidos académicos relevantes para impartir. A su juicio, ese reconocimiento debería llevar a una revisión profunda de los planes de estudio y no a disminuir días de clase.

“Debe haber una conciencia social a favor de los niños y la salida no debe ser en contra de los niños, en contra de sus familias, en contra de sus mamás”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente discusión pública sobre el futuro del calendario escolar en México, donde autoridades educativas analizan posibles ajustes para el ciclo 2026-2027 debido a factores climáticos, operativos y de movilidad relacionados con el Mundial de Futbol que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

Mientras tanto, el debate ha generado opiniones divididas entre autoridades, especialistas en educación y familias, en torno a cómo equilibrar las necesidades logísticas del país con el derecho de estudiantes a recibir una educación continua y de calidad.