Juicio político en marcha para llevar a ‘El Bronco’ y su ex secretario ante la justicia por el escándalo electoral de 2018
Editor web Maya Comunicación 
Ciudad de México, 06 de marzo del 2024 – El panorama político y judicial de México se tensa ante la próxima comparecencia de Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, y su Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores. Este nuevo capítulo es el resultado de la reactivación del proceso de sanción por parte del Congreso local, a través de un juicio político relacionado con el uso indebido de apoyos públicos durante el proceso electoral de 2018, mejor conocido como el caso de las «broncofirmas».
La Comisión Jurisdiccional, presidida por la panista Lilia Olivares Castañeda, ha oficializado la citación al ex mandatario y a su colaborador para que comparezcan ante el legislativo, marcando un hito en la lucha contra la corrupción electoral en México. Este procedimiento sigue la resolución emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señala violaciones en el uso de recursos públicos para la recolección de firmas en favor de la candidatura independiente de Rodríguez Calderón a la presidencia.
La notificación, que debe ser publicada en el Periódico Oficial de Nuevo León, tendrá efecto diez días después de su última emisión, citando a los implicados a comparecer en el Congreso del Estado el quinto día hábil posterior al cumplimiento de este plazo.
El proceso, avalado con los votos mayoritarios del PRI y PAN, pretende esclarecer las acciones de Rodríguez Calderón y González Flores, acusados de no tomar las medidas necesarias para prevenir el uso indebido de recursos públicos en la campaña electoral. Sin embargo, críticas como las de Sandra Pámanes Ortiz sugieren que este procedimiento podría abrir brechas legales para futuros amparos en favor de los acusados, una preocupación compartida por diputadas locales del partido emecista, quienes votaron en contra del acuerdo.
Este juicio político no solo reabre el debate sobre la integridad electoral y el uso de recursos públicos en campañas políticas, sino que también pone a prueba el sistema de justicia y su capacidad para manejar casos de corrupción de alta relevancia política.
