Ciudad de México – La justicia federal ha intervenido para asegurar el debido proceso del empresario y publicista Carlos Alazraki Grossmann, quien obtuvo una suspensión provisional que impide su arresto ante la sospecha de una orden de aprehensión en su contra. Alazraki Grossmann, reconocido publicista y empresario mexicano, tramitó el lunes pasado un recurso de amparo al enterarse de la posible emisión de una orden de captura, la cual calificó como “ilegal” en su demanda. Este amparo buscador fue presentado con el objetivo de evitar que se le detenga sin fundamento, recurriendo así a la protección de la justicia federal para salvaguardar su libertad mientras se esclarece su situación jurídica.

El Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, a cargo del juez José Elías Pacheco Martínez, admitió la petición de Alazraki y le concedió una suspensión provisional, es decir, una orden judicial que temporalmente impide a las autoridades ejecutar cualquier orden de aprehensión en su contra. Con esta decisión, el juez federal dispuso que el empresario no sea privado de la libertad y quede bajo la tutela del propio juzgado, lo que en los hechos significa que Alazraki puede transitar libremente mientras cumple las indicaciones del tribunal. Esta medida refleja la función del Poder Judicial de garantizar los derechos fundamentales de las personas bajo investigación, evitando detenciones arbitrarias y asegurando que se respete el curso legal adecuado.

Suspensión provisional con límites legales

El juez Pacheco Martínez aclaró que la protección otorgada a Alazraki tiene límites: la suspensión provisional solo surte efecto si la orden de captura que teme el quejoso no se relaciona con delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. En México, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar automática que se aplica cuando el delito imputado es particularmente grave o representa un alto riesgo para la seguridad pública. Bajo estas condiciones, la ley obliga a que el acusado permanezca detenido durante el proceso. “La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se aplica en casos en los que los delitos que se imputan son graves o implican un riesgo para la seguridad pública”, explica la resolución judicial, subrayando que si éste fuera el caso de Alazraki, la suspensión concedida no lo protegería y podría ser arrestado de inmediato. En otras palabras, el amparo no es un escudo absoluto: no evitaría la detención si la acusación corresponde a un ilícito de los catalogados como graves por la ley.

El propio juzgado detalló el escenario en que la protección quedaría sin efecto. Si Carlos Alazraki decide presentarse ante la autoridad que lleva la hipotética causa penal en su contra, incluso si dicho juez llegara a considerar necesario imponerle una prisión preventiva justificada (es decir, una detención preventiva basada en riesgos específicos del caso), esa medida no podrá ejecutarse de inmediato gracias a la suspensión federal vigente. Según la resolución, mientras el amparo esté en vigor, Alazraki permanecerá bajo la jurisdicción del juez de distrito en lo que respecta a su libertad personal, impidiendo así cualquier encarcelamiento previo al juicio sin la revisión exhaustiva del caso. Esta condición garantiza que el empresario enfrente cualquier imputación en libertad y con las debidas garantías, salvo que una decisión judicial posterior y fundamentada determine lo contrario.

Informe de la Fiscalía y condiciones del amparo

La respuesta judicial incluyó varios puntos clave para equilibrar el derecho a la libertad del quejoso con las exigencias de la ley:

• Informe de la Fiscalía: El juez federal dio 48 horas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para informar si existe alguna orden de aprehensión contra Carlos Alazraki. Este plazo perentorio obliga a la autoridad investigadora a confirmar de manera transparente la situación legal del empresario, despejando cualquier duda sobre la existencia de cargos formales en su contra.

• Garantía económica: Asimismo, el juzgador impuso al publicista una garantía de 10 mil pesos, que deberá depositar en un lapso de cinco días tras la notificación de la suspensión. Esta fianza sirve como garantía de buena fe y compromiso de Alazraki con el proceso, asegurando que hará frente a la justicia y acatará las condiciones impuestas mientras goza de la protección federal.

• Próxima audiencia: Se fijó el 4 de abril como fecha en que el juez de amparo resolverá si concede la suspensión definitiva de la orden de aprehensión reclamada. En esa audiencia, el juez Pacheco Martínez evaluará los elementos presentados por ambas partes y determinará si prolonga la protección para que Alazraki continúe su defensa en libertad durante todo el juicio, o si levanta la suspensión en caso de considerar infundada la petición.

Justicia federal y debido proceso

El curso de acción adoptado en este caso pone de relieve el papel de la justicia federal en la protección del debido proceso. La Constitución Mexicana establece en su Artículo 16 que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Asimismo, ninguna orden de aprehensión puede girarse si no existe una denuncia por un delito y datos que establezcan la probable responsabilidad del indiciado. Estas salvaguardas legales fundamentan la procedencia de recursos como el juicio de amparo, que actúa como un contrapeso contra posibles excesos o errores de las autoridades.

En ese contexto, la decisión del juez Pacheco Martínez de otorgar la suspensión provisional a Carlos Alazraki refleja el equilibrio entre la libertad personal y el cumplimiento de la ley. Por un lado, se protege al individuo de una posible detención arbitraria, garantizando que ningún ciudadano sea privado de su libertad sin justificación legal y sin haber sido escuchado por un tribunal imparcial. Por otro lado, se imponen condiciones y plazos que permiten a las autoridades cumplir con su deber de investigar y, de existir elementos, proceder conforme a derecho. En palabras simples, el amparo concedido asegura que el proceso legal siga su cauce ordinario con pleno respeto a los derechos humanos, confirmando la confianza en el Estado de derecho: Alazraki podrá defenderse en libertad, pero bajo la supervisión judicial, y la Fiscalía deberá sustentar cualquier acción penal con pruebas y fundamentos, tal como exige la ley mexicana.