Jueces y trabajadores del Poder Judicial exigen al INE acatar amparos contra reforma judicial
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
Este lunes, jueces y trabajadores del Poder Judicial solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que cumpla con las resoluciones de dos jueces de distrito que otorgaron amparos contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, promulgada el 15 de septiembre, establece la elección de jueces mediante voto popular, lo que ha generado controversia en el ámbito legal.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) emitió un comunicado en el que afirma que el INE, que comenzó hoy el proceso de los primeros comicios judiciales, no puede ignorar las medidas cautelares hasta que una determinación jurisdiccional las modifique. La Jufed subrayó que deben cesar las actividades electorales hasta que se resuelva la impugnación constitucional.
“Respetuosamente se solicita cumplir con la suspensión decretada por los juzgadores federales”, indicó la Jufed, recordando que un juez de Morelos y otro de Chiapas ya habían otorgado suspensiones relevantes contra la reforma.
La petición de la Jufed se produce justo después de que el INE iniciara el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (Peepjf) 2024-2025, cuyo objetivo es elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante voto ciudadano.
Además, en un segundo comunicado, la Jufed anunció que comenzará un proceso de consulta para decidir si continúa la suspensión de labores de los trabajadores judiciales, que llevan más de un mes en paro desde el 21 de agosto en oposición a la reforma.
Los empleados judiciales argumentan que la reforma, que se implementará a partir del 1 de junio de 2025, amenaza la independencia del Poder Judicial, permitiendo la intervención del Ejecutivo y grupos de interés en la selección de los jueces.
Esta situación ha suscitado críticas de organismos internacionales, que advierten que la reforma podría poner en riesgo el Estado de derecho en México.
