CDMX a 20 de gosto, 2024.- El conflicto en torno a la reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha escalado a un nuevo nivel. A partir del miércoles 21 de agosto, jueces y ministros de todo el país se unirán al paro indefinido de labores iniciado por los trabajadores del Poder Judicial, en una muestra de rechazo contundente a la propuesta que se discutirá en el Congreso el próximo 26 de agosto.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha informado que de los 1,403 juzgadores que conforman la organización, 1,202 votaron a favor de suspender sus actividades jurisdiccionales, mientras que 201 se opusieron a la medida. Esta decisión refleja la profunda preocupación entre los miembros del Poder Judicial sobre los posibles efectos de la reforma en la independencia judicial y la división de poderes.
En su comunicado, la JUFED subrayó que la decisión de parar labores es crucial para la defensa de la autonomía del Poder Judicial, un pilar fundamental del sistema democrático en México. «Hoy, personas trabajadoras y juzgadores hemos decidido defender en unidad la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras», declararon.
La suspensión de labores afectará a todos los juzgados y tribunales federales del país, aunque se prevé que haya algunas excepciones que se detallarán en los próximos días. Hasta el momento, el paro ha alcanzado a 18 estados, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, y Yucatán, entre otros.
En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha suspendido la sesión prevista para este martes, anunciando que los ministros tendrán una reunión privada para analizar el proyecto de dictamen de la reforma judicial. La propuesta original ha sido modificada en más de 100 puntos, aunque mantiene la controvertida idea de que los jueces y ministros sean elegidos por voto directo.
Este paro nacional, sin precedentes en la historia reciente del Poder Judicial en México, subraya el grado de oposición a una reforma que, según sus críticos, pone en peligro la independencia de los tribunales y podría minar la justicia en el país. La próxima semana será decisiva para el futuro de esta propuesta y para el equilibrio de poderes en la nación.