CDMX a 14 de septiembre, 2024.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha decidido, de manera unánime, extender su paro de labores en rechazo a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión se tomó luego de que la Cámara de Diputados y Senadores declararan la constitucionalidad de la reforma, la cual fue aprobada por más de 20 congresos estatales. A pesar de este avance, la reforma aún enfrenta un amparo judicial que podría frenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En un comunicado emitido el viernes, la JUFED informó que en una reunión con sus directivos nacionales y regionales, se acordó por unanimidad continuar con la suspensión de actividades en todo el país. La asociación, que representa a jueces y magistrados de todo México, reiteró su rechazo a la reforma judicial y anunció que recurrirán a mecanismos legales para defender la independencia del Poder Judicial.
Este paro es una respuesta directa a lo que la JUFED considera un intento de vulnerar la autonomía del Poder Judicial. Desde que comenzó el debate sobre la reforma, jueces y magistrados han manifestado su preocupación de que los cambios propuestos por el gobierno actual puedan afectar la imparcialidad en la impartición de justicia, al otorgar más poder al Ejecutivo en la designación de jueces y magistrados.
El mismo viernes, un juez de Distrito en Colima emitió un amparo que impide la publicación de la reforma en el DOF hasta el 11 de octubre. Este juicio de amparo, presentado bajo el número 1125/2024-VIII, busca evitar que la reforma entre en vigor hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si viola la Constitución. Este amparo supone un obstáculo importante para el gobierno de López Obrador, quien ha expresado su deseo de que la reforma sea publicada el 15 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones patrias.
La SCJN tendrá que resolver si la reforma es válida o si, como argumentan sus detractores, vulnera la Constitución y representa un peligro para la independencia judicial en México.
La reforma judicial de AMLO ha sido una de las más controvertidas de su administración. Entre sus puntos clave está la reestructuración del Poder Judicial, con cambios que incluyen la designación de jueces por parte de poderes ajenos al Judicial, algo que ha generado críticas por parte de la JUFED y sectores de la oposición. Los críticos señalan que estos cambios podrían reducir la imparcialidad en la toma de decisiones judiciales y facilitar una mayor influencia del Ejecutivo en el sistema de justicia.
El paro de jueces y magistrados, así como las acciones legales que están tomando, indican que el conflicto está lejos de resolverse. La SCJN jugará un papel crucial en determinar el futuro de esta reforma.