Por Juan Pablo Ojeda
Desde el miércoles, jueces y trabajadores del Poder Judicial están en paro nacional en protesta por la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La medida, que busca implementar la elección popular de jueces, ha generado un intenso debate y movilización en el sector judicial.
Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, anunció que este jueves se presentará un escrito en la Cámara de Diputados solicitando una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer su pliego de peticiones. “Vamos a ir a la Cámara de Diputados a presentar, por oficialía de partes, un escrito solicitando que la Jucopo nos abra la puerta y nos escuche”, dijo Aguayo en un mensaje a los medios.
En el contexto de su manifestación frente al Congreso, Aguayo subrayó que el objetivo es sensibilizar al pueblo mexicano sobre la importancia del Poder Judicial de la Federación (PJF). “Y lo estamos logrando, no vamos a abandonar esta lucha, seguiremos adelante”, enfatizó la vocera.
El paro nacional, que no incluye a la Suprema Corte ni al Tribunal Electoral, está motivado por la preocupación de que la reforma afecte negativamente la carrera judicial y permita la intromisión de partidos políticos y grupos criminales. Según los trabajadores, la elección popular de jueces reemplazaría el sistema de ascensos basado en méritos y podría llevar a la eliminación de prestaciones laborales.
Aguayo también anunció que, tras presentar el escrito en la Cámara de Diputados, los manifestantes se dirigirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para apoyar a los trabajadores que, aunque no se han unido al paro, han comenzado a protestar con una cadena humana alrededor de las instalaciones del organismo.
Además, los trabajadores del Poder Judicial han denunciado que un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advertía sobre la posible suspensión de sueldos para quienes participen en la huelga desde el miércoles. Sin embargo, el presidente López Obrador prometió que no habrá represalias contra los participantes del paro.
La reforma impulsada por López Obrador, que se espera sea debatida y posiblemente aprobada en septiembre, ha provocado un amplio rechazo dentro del ámbito judicial, donde se argumenta que la propuesta socavaría la independencia y eficacia del sistema judicial mexicano. La protesta y las manifestaciones continúan mientras se acerca la fecha límite para la discusión legislativa.