Este viernes, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) se reunieron en una manifestación frente al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro para expresar su rechazo y preparar una estrategia legal contra la controvertida reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La reforma busca permitir la elección por voto popular de juristas en todo el país, incluyendo a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (Jufed) advirtió que, de aprobarse la reforma en los términos planteados, responderán con impugnaciones tanto en tribunales mexicanos como internacionales. Según el magistrado Mauricio Barajas Villa, uno de los oradores en la protesta, la estrategia legal contempla dos líneas de defensa: una a nivel internacional y otra en el ámbito nacional.
«Estamos plenamente capacitados y equipados para enfrentar este desafío. La vía jurídica está trabajando en dos líneas esenciales de defensa», afirmó Barajas. Explicó que la primera línea implica recurrir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos para impugnar la reforma constitucional, la cual, según él, busca cooptar y someter un poder soberano de la unión como es el judicial.
Además, Barajas destacó que están delineando estrategias para enfrentar la asignación de diputados por representación proporcional, con el objetivo de evitar que la fuerza política dominante obtenga una mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Según sus palabras, Morena y sus aliados pretenden obtener más del 70% de las posiciones en la Cámara de Diputados con apenas el 52% de los votos obtenidos en las elecciones pasadas.
La reforma judicial también contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, medidas que han generado fuertes críticas y preocupaciones entre los miembros del PJF. Sin embargo, el presidente AMLO ha defendido la reforma como un paso hacia una mayor legitimidad y representatividad en el sistema judicial mexicano.
Se espera que el debate sobre esta reforma continúe en los próximos meses, con la intención del oficialismo de aprobarla antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta, programada para el 1 de octubre.
Esta movilización del PJF marca un punto crucial en el panorama político y judicial de México, donde el equilibrio de poderes y la independencia del sistema judicial están en juego ante propuestas de transformación tan profundas como la reforma judicial propuesta por el gobierno actual.