En medio de la polémica en el Senado sobre la reforma constitucional, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín aclaró un punto crucial: la reforma no cancela el derecho de amparo para los ciudadanos. Según Ramírez Marín, esta medida solo afecta la posibilidad de impugnar cambios a la Constitución, pero no limita el amparo para defenderse de abusos de autoridad o violaciones a derechos humanos. «Lo que están diciendo sobre la pérdida de protección es absolutamente falso», afirmó, pidiendo a sus colegas y a la población que no caigan en rumores infundados que generan miedo innecesario.
¿Qué es lo que realmente cambia con esta reforma?
Mucho se ha dicho en redes sociales y en los pasillos del Senado sobre el impacto de la reforma impulsada por Morena y sus aliados, que algunos consideran un riesgo para los derechos de los ciudadanos. La propuesta plantea que los cambios o adiciones a la Constitución no puedan ser impugnados mediante el juicio de amparo, lo cual ha generado inquietud en la oposición y en la ciudadanía. Sin embargo, Ramírez Marín explicó que esta medida no limita el derecho de amparo en otros casos, como cuando una ley o acto de autoridad afecta los derechos humanos.
Para despejar dudas, el senador pidió la lectura del artículo 1 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo protege a los ciudadanos contra actos de autoridad que violen sus derechos humanos y las garantías que los protegen. Esto significa que los ciudadanos seguirán teniendo la posibilidad de defenderse legalmente en estos casos, y la reforma no afecta este derecho en lo absoluto.
¿Por qué la confusión?
Según Ramírez Marín, la preocupación ha surgido de una interpretación incorrecta de la reforma, que no cancela el amparo en general, sino únicamente contra modificaciones a la Constitución. «Lo que están diciendo sobre la pérdida de protección es absolutamente falso», enfatizó el senador. De hecho, la Ley de Amparo ya establece en su artículo 61 que el amparo no procede en casos de cambios constitucionales. La reforma actual solo confirma esta disposición, que ya existe en el marco legal mexicano.
Los temores de la oposición
A pesar de las aclaraciones de Ramírez Marín, muchos senadores de la oposición consideran que esta medida podría dejar a los ciudadanos sin un recurso de defensa frente a decisiones que podrían ir en contra del espíritu democrático. En el debate, el PAN y el PRI señalaron que esta reforma limita los contrapesos y otorga al Congreso un poder de cambio constitucional sin posibilidad de revisión. Esta postura ha generado un fuerte debate sobre si la reforma podría abrir la puerta a modificaciones en la Constitución que afecten los derechos de los ciudadanos sin una herramienta para desafiarlas.
¿Qué busca realmente la reforma?
Para el senador Ramírez Marín, el objetivo de la reforma es evitar que los cambios constitucionales aprobados por el Congreso sean bloqueados en tribunales, permitiendo que decisiones constitucionales permanezcan como definitivas. Desde su perspectiva, el mensaje de que “se acabó el amparo” es un malentendido que ha desinformado a la gente, generando una preocupación innecesaria sobre la supuesta pérdida de derechos.
¿Qué implica esta medida para los ciudadanos?
La pregunta central de este debate es si queremos que las decisiones constitucionales puedan ser impugnadas judicialmente o si deberían ser definitivas una vez aprobadas. Para los opositores, el riesgo está en que futuras modificaciones puedan afectar derechos fundamentales sin que haya un mecanismo para revertirlas. Sin embargo, para Ramírez Marín y quienes apoyan la reforma, esta medida es una forma de dar estabilidad a los cambios constitucionales sin limitar el derecho de amparo en los casos que realmente importan para los ciudadanos.
Este debate nos recuerda la importancia de entender las reformas y cómo afectan los derechos de los ciudadanos. Ramírez Marín llamó a no caer en rumores infundados y a informarse bien antes de compartir ideas que generan alarma. El tema de fondo sigue siendo el equilibrio entre estabilidad constitucional y el poder de impugnación, una discusión que sigue abierta y que tendrá un impacto importante en la democracia mexicana.