Por Juan Pablo Ojeda
El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien enfrenta acusaciones de peculado y corrupción en su estado natal, ha incrementado significativamente su patrimonio inmobiliario en las últimas dos décadas. Según estimaciones recientes, el valor comercial de sus 14 propiedades, adquiridas entre 1987 y 2018, supera los 73.6 millones de pesos.
El incremento en su patrimonio se suma a un patrón observado entre varios políticos en México. Corral, además de ser objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, posee una serie de propiedades que incluyen casas, departamentos y terrenos, algunas de las cuales no fueron reportadas en sus declaraciones patrimoniales.
Entre las propiedades destacadas se encuentra un terreno de 150 hectáreas en el ejido Nombre de Dios, adquirido el 29 de abril de 2009 por 4 millones de pesos. Este terreno, que no fue incluido en su declaración de 2016, es uno de los focos de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
Otro activo significativo es una cabaña en Basaseachic, Ocampo, Chihuahua, adquirida en 2002 y valorada actualmente en 1 millón 785 mil pesos. En la Ciudad de México, Corral es propietario de dos departamentos en la calle Lucerna, número 60, colonia Juárez, adquiridos en 2003 por 392 mil pesos. Estos departamentos, con una extensión de 57 metros cuadrados cada uno, tienen un valor comercial actual de 2 millones 860 mil pesos.
En Mazatlán, Sinaloa, Corral posee un departamento en la exclusiva zona de Quintas del Mar, de 327 metros cuadrados, valorado en 7.5 millones de pesos.
El aumento en el patrimonio de Corral refleja una tendencia que también afecta a otros políticos destacados en el país. Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, y su pareja John Ackerman, han adquirido seis casas en un período de nueve años. Asimismo, la familia del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, posee un conjunto de 25 propiedades valuadas en cerca de 800 millones de pesos.
El caso de Corral subraya las crecientes preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad en la acumulación de bienes entre figuras políticas en México, en un contexto de creciente escrutinio sobre la corrupción y el enriquecimiento ilícito.