Entre los pasillos de mármol del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde las decisiones políticas suelen entrelazarse con el peso de la impunidad, la diputada Ivonne Ortega Pacheco (MC) trazó una línea clara: entregó personalmente una carta al diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena) exigiendo que renuncie a su fuero y enfrente la justicia por presunta violencia de género. Con gesto firme y voz cargada de urgencia, Ortega denunció ante medios la negativa de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para escuchar a la víctima, un acto que calificó de “opacidad institucional”.

Un reclamo frente a la impunidad

Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de MC, relató cómo durante una sesión de la Jucopo insistió en garantizar que la denunciante fuera escuchada en el Poder Legislativo. “Aquí se escuchó al presunto agresor, pero no a quien vivió el daño”, declaró, contrastando el caso con precedentes como la audiencia a la comandanta Ester del EZLN en 2001. “Si escuchamos a quien declaró la guerra al Estado, ¿por qué silenciar a una víctima de violencia?”, cuestionó, mientras sostenía una copia de la carta entregada a Blanco, cuyas palabras resonaron en la sala de prensa como un eco de indignación.

La carta: entre el reclamo y la historia

En el documento, Ortega no solo exigió la licencia del legislador morenista, sino que evocó su pasado como ídolo futbolístico para subrayar la caída de su imagen pública. “Cambiaste la playera del héroe por el manto de la impunidad”, leyó ante los periodistas, enfatizando cada sílaba. La misiva, escrita en tono directo, no busca declarar culpabilidad, sino igualdad procesal: “Te pido que enfrentes la justicia como cualquier ciudadano”, insistió, mientras la luz de las cámaras iluminaba el papel que sostenía entre sus manos, un símbolo tangible de su lucha.

Jucopo: el muro institucional

La diputada reveló que todas sus propuestas en la Jucopo —incluyendo audiencias privadas o grabadas para la víctima— fueron rechazadas. “Pregunté si había voluntad política para escucharla, y respondieron con evasivas”, denunció, señalando la ironía de un Congreso que semanalmente recibe a ciudadanos en tribuna, pero niega ese derecho a quien más lo necesita. Su crítica apunta a un sistema que, según ella, prioriza rituales políticos sobre la justicia sustantiva.

Un llamado más allá de los partidos

Ante las sospechas de polarización partidista, Ortega fue contundente: “Esto no es política; es justicia”. Recordó que el caso involucra una presunta agresión sexual en una sede gubernamental cuando Blanco era gobernador, un hecho que trasciende colores partidarios. “No hablamos de corrupción, sino de violencia contra una mujer”, remarcó, mientras ajustaba el micrófono con determinación, como si cada palabra buscara perforar la indiferencia de sus colegas.

Persistencia frente al rechazo

Pese a los obstáculos, Ortega anunció que reformulará y reenviará sus propuestas a la Jucopo. “Revisaré artículo por artículo hasta lograr transparencia”, advirtió, mientras sus asesores repartían copias de los oficios rechazados. Su tenacidad refleja una batalla no solo legal, sino simbólica: cuestionar el uso del fuero como escudo y exigir que el Legislativo, custodio de las leyes, no se convierta en cómplice del silencio.

El peso de un precedente

Expertas en género consultadas por este medio respaldan la relevancia del caso. Ana Güezmes, exrepresentante de ONU Mujeres en México, señaló: “La negativa a escuchar a la víctima refuerza patrones de revictimización. Las instituciones deben ser ejemplares”. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio destacó que solo el 8% de los casos de violencia sexual en México reciben sentencia, un contexto que agrava la demanda de Ortega.

El pulso por la memoria histórica

Al evocar la trayectoria de Blanco —desde sus goles en la cancha hasta su escaño legislativo—, Ortega no solo interpela a un hombre, sino a un sistema que glorifica figuras públicas sin exigirles rendición de cuentas. “Serás recordado como el diputado que escondió su fuero”, sentenció, transformando la carta en un juicio ético que trascenderá los tribunales.

Hacia una justicia sin atajos

Mientras el Sol de la tarde filtrado por los ventanales de San Lázaro ilumina los escritorios legislativos, la batalla de Ortega simboliza un reclamo colectivo: que ni el poder ni la popularidad otorguen impunidad. Con cada oficio que reenvía y cada declaración que hace, la diputada no solo persigue justicia para una víctima, sino que desafía una cultura donde el fuero demasiadas veces ha sido sinónimo de privilegio.