Investigación de Data Cívica revela graves fallos en la contabilidad oficial de personas desaparecidas.

La organización Data Cívica denunció ayer serias fallas en el sistema de registro de personas desaparecidas en México, destacando la desaparición de nombres y folios, el uso de conceptos ajenos a la legalidad, metodologías inconsistentes, resultados no verificados, errores de información, falta de datos para la localización efectiva, opacidad en los registros y procesos de revictimización. Estas declaraciones se dieron durante la presentación de la plataforma «Volver a Desaparecer», un proyecto que busca reunir y contrastar los datos de cinco registros oficiales diferentes emitidos desde 2012 hasta la fecha.

La iniciativa nace de la urgente necesidad de reconocer y nombrar a cada persona que alguna vez fue registrada como desaparecida por el Estado mexicano y que, por razones no explicadas, fue borrada de los listados oficiales. Mónica Meltis, representante de Data Cívica, enfatizó la importancia de este proyecto para hacer frente a la indiferencia y negligencia estatal ante un problema tan crítico como el de las desapariciones forzadas.

Uno de los hallazgos más alarmantes de la organización es la falta de claridad y coherencia en los registros gubernamentales. Por ejemplo, mientras que la página oficial de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada reporta 12,344 folios únicos de búsqueda de personas localizadas, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció recientemente una cifra de 15,158. Sin embargo, el análisis de Data Cívica, que considera todos los registros disponibles, sugiere que el número real de personas potencialmente localizadas sería de apenas 10,953.

Esta discrepancia no solo pone de manifiesto el desorden en la gestión de los registros, sino que también subraya la incertidumbre sobre el paradero real de las personas desaparecidas. La historia de Irma Virginia Irgen, cuyo padre desapareció de los registros oficiales en 2017 sin haber sido encontrado, ilustra el dolor y la frustración que enfrentan miles de familias en México.

César Guerrero, de la organización Fundar, acusa al Gobierno de deliberadamente generar confusión con estas cifras inconsistentes, lo cual añade otra capa de dificultad al ya complejo proceso de búsqueda y localización de desaparecidos.

El caso de los registros de personas desaparecidas en México es un claro ejemplo de la lucha entre la necesidad de justicia y la realidad de un sistema burocrático que parece fallar a quienes más lo necesitan. La labor de Data Cívica y otras organizaciones es vital para presionar por la transparencia, la exactitud en los registros y, sobre todo, por respuestas para las familias que aún buscan a sus seres queridos.