Por Juan Pablo Ojeda
El comercio de combustibles entre México y Texas atraviesa una interrupción crítica tras la decisión del gobierno federal de intensificar las inspecciones en la frontera norte, una estrategia orientada a combatir el contrabando y garantizar el cumplimiento fiscal en la importación de gasolina y diésel.
Desde hace más de dos semanas, el tráfico terrestre de camiones cisterna provenientes de Estados Unidos se encuentra prácticamente paralizado, generando un impacto directo en transportistas, distribuidores y estaciones de servicio, así como en el abasto general de combustibles para el mercado mexicano.
Control fiscal vs. fluidez comercial
La administración federal ha reforzado los puntos de revisión fronteriza para asegurar que todos los cargamentos cumplan con los requisitos fiscales y regulatorios. El objetivo es cerrar el paso a las importaciones ilegales que han dañado la recaudación tributaria y distorsionado los precios del mercado interno. No obstante, la estrategia ha creado un cuello de botella que ralentiza significativamente el flujo comercial.
De acuerdo con cifras de la Administración de Información Energética de EE.UU., México importó durante enero un promedio diario de 1.15 millones de barriles de productos petrolíferos, de los cuales 470 mil barriles correspondieron a gasolina terminada y 237 mil a diésel.
Estos volúmenes reflejan la alta dependencia energética de México respecto al combustible estadounidense, lo que convierte cualquier interrupción en un asunto de seguridad energética y estabilidad de precios.
Distribuidores afectados y caída en la demanda
Un distribuidor de combustibles, entrevistado bajo condición de anonimato por Agencia Reforma, señaló que su operación de transporte quedó detenida de un día para otro debido al desplome en la demanda por parte de sus clientes. “El control se endureció y los clientes simplemente dejaron de pedir. No pueden arriesgarse a que su mercancía se quede varada en la frontera”, apuntó.
El gobierno ha defendido esta medida como parte de una política integral para frenar el contrabando de combustibles, luego de episodios como el ocurrido recientemente en Baja California, donde fue incautado un buque con más de 10 millones de litros de gasolina y diésel de procedencia ilegal.
Riesgo de desabasto y presión sobre precios
La combinación de inspecciones más rigurosas y retención prolongada de cargamentos ha generado preocupación entre los actores del sector energético, quienes advierten sobre una posible escasez temporal en algunas regiones del país y un incremento en los precios ante la baja disponibilidad.
El reto para el gobierno será encontrar un equilibrio entre el control fiscal y la eficiencia logística, especialmente en un contexto de elevada demanda y dependencia estructural del suministro estadounidense.
Mientras tanto, los transportistas y distribuidores continúan a la espera de una solución que permita normalizar el flujo comercial sin desincentivar las medidas anticorrupción que el Ejecutivo federal considera prioritarias.
