Por Bruno Cortés

México sigue enfrentando una grave crisis ambiental debido a los incendios forestales provocados de forma intencional, y el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera (MC) no está dispuesto a dejar que esto siga ocurriendo sin castigos más severos. En una reciente rueda de prensa, acompañado por sus compañeros de bancada, el legislador presentó una iniciativa que busca reformar el Código Penal Federal para que los responsables de estos incendios enfrenten penas más altas.

Sánchez Rivera destacó que el país atraviesa una situación crítica cada año por los incendios que destruyen ecosistemas completos, ponen en peligro la vida de las personas, afectan la salud pública y contaminan el aire que todos respiramos. Y no solo se trata de una percepción, sino de datos duros que demuestran la magnitud del problema. Actualmente, el Código Penal no contempla sanciones lo suficientemente severas para quienes causan estos incendios intencionales. Por ejemplo, el artículo 414 establece penas de uno a nueve años de prisión por el manejo ilícito de sustancias peligrosas, pero el diputado cree que estas penas deben ser más duras.

La propuesta de Sánchez Rivera es clara: pretende aumentar las penas de tres a 12 años de prisión y una multa de hasta 4 mil días, en lugar de los 3 mil que establece la ley actual. Además, propone que si el incendio ocurre en un área natural protegida, la pena aumente hasta en cinco años.

El legislador también propuso una reforma al artículo 418, que actualmente sanciona delitos contra la flora y fauna con hasta nueve años de prisión. En su iniciativa, se busca agregar una nueva fracción que castigue específicamente a quienes provoquen incendios, explosiones o inundaciones que dañen gravemente la salud pública y los ecosistemas.

Otro cambio importante que plantea Sánchez Rivera es la modificación del artículo 420 BIS, que protege las áreas naturales. En su propuesta, las penas de dos a tres años de prisión se incrementarían a entre tres y 11 años. También se incorporan agravantes si los delitos son cometidos con dolo (intención) o con lucro, lo que incrementaría la pena en hasta cuatro años más.

Para poner en contexto la urgencia de su propuesta, el diputado mencionó que en lo que va de 2025, en el estado de Nuevo León se han registrado más de 2 mil 200 incendios, de los cuales casi 2 mil ocurrieron en lotes baldíos de los municipios de Monterrey, Santa Catarina, Juárez y García, lugares que concentran la mayoría de los siniestros. Aunque las condiciones climáticas como las altas temperaturas, los vientos fuertes y la baja humedad han influido en los incendios, el diputado señaló que el factor humano sigue siendo una amenaza constante.

Sánchez Rivera también recordó que, en marzo de este año, se presentó una propuesta similar en el Congreso local de Nuevo León. Ahora, con esta reforma federal, busca dar un paso más hacia una solución integral, clara y urgente para frenar los incendios intencionales. Aseguró que lo que sucede en Nuevo León no es un caso aislado, ya que otras entidades del país enfrentan la misma problemática, y es por ello que se necesita una respuesta legal firme y coordinada para proteger al medio ambiente y a la población.