Cada año, miles de mexicanos repatriados regresan a su país después de haber vivido en el extranjero, pero se enfrentan a un reto importante: reintegrarse al sistema educativo nacional. Muchos de ellos llegan sin los documentos necesarios para acceder a la educación, lo que les dificulta mucho poder continuar con sus estudios o comenzar de nuevo. Para atender esta situación, el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del PAN, presentó una iniciativa que reforma varias leyes clave, con el objetivo de garantizar que los mexicanos repatriados tengan una segunda oportunidad educativa.

La propuesta del legislador busca reformar tanto la Ley General de Población como la Ley General de Educación, para establecer mecanismos que faciliten la reincorporación de los repatriados al sistema educativo del país. En términos simples, la idea es crear estrategias que ayuden a estos mexicanos a continuar sus estudios sin tantos obstáculos, como la falta de documentación.

Uno de los puntos más importantes de la reforma a la Ley General de Población es que, con la colaboración de las autoridades educativas federales y locales, la Secretaría de Gobernación se encargará de coordinar acciones para que los repatriados puedan acceder a los procesos educativos con mayor facilidad. Esto incluye agilizar los trámites de inscripción, convalidar los estudios previos y ofrecer programas educativos que se adapten a sus necesidades, ya sea en modalidad presencial, semipresencial o a distancia. Todo esto busca garantizar que los repatriados tengan las mismas oportunidades que cualquier otro mexicano para seguir aprendiendo.

Por su parte, la reforma a la Ley General de Educación establece que, en el caso de los migrantes y repatriados que son niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se deberá asegurar que puedan acceder rápidamente a las normas y procedimientos para la revalidación de sus estudios. Además, mientras se lleva a cabo este proceso de revalidación, no se les interrumpirá la educación, lo que les permitirá continuar con su aprendizaje de manera más fluida.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. Un obstáculo importante para muchos repatriados es la falta de documentos oficiales, como el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o las constancias de estudios previos. Esta carencia de documentos les impide acceder a muchos servicios básicos, incluyendo la educación, lo que complica su reintegración a la sociedad. Rodríguez Barroso subraya que, aunque la Constitución y los tratados internacionales garantizan el acceso a la educación para todos, los repatriados a menudo se enfrentan a barreras administrativas debido a la falta de documentación oficial, lo que limita sus posibilidades de acceder a una educación pública de calidad.

El diputado destacó que los trámites para obtener estos documentos son largos y complicados, y en muchos casos inaccesibles para las personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los repatriados. Este proceso tan engorroso no solo dificulta el acceso a la educación, sino que también limita el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos mexicanos.

La iniciativa busca eliminar estas barreras para garantizar que todos, sin importar su situación, puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones. Sin una solución efectiva a estos problemas administrativos, el derecho a la educación de los repatriados sigue estando en riesgo, lo que podría afectar su integración social y económica al país. Rodríguez Barroso está convencido de que es fundamental que México ofrezca un sistema educativo inclusivo que dé oportunidad a todos sus ciudadanos, sin importar las circunstancias de su regreso al país.

Con esta iniciativa, el diputado no solo busca resolver un problema concreto de los repatriados, sino también promover una mayor justicia social, asegurando que ningún mexicano quede atrás en su acceso a la educación.